Arturo Yáñez Cortes

El mundo celebra a Jesús el resucitado y nos invade a quienes creemos en sus enseñanzas un sentimiento de esperanza y de renovación, tan necesarios en estos tiempos tan duros como los que la humanidad atraviesa: Felices Pascuas.

A propósito, los últimos acontecimientos sobre el estado del arte del sistema de administración de justicia del país, nos muestran –por si algunos tendrían aun dudas- que estamos ante su estado terminal, caracterizado por su demostrable fracaso para cumplir su razón esencial de existir: tutelar derechos y garantías de todas las personas y, por tanto, dotarnos de seguridad jurídica.

Esa percepción compartida por gran parte de la ciudadanía, resulta confirmada por estudios científicos que muestran más allá de toda duda razonable ese fracaso, que incumbe no sólo a los operadores del sistema (jueces, fiscales, abogados) sino a la ciudadanía toda y, por supuesto a los distintos gobiernos por acción y omisión.

Por ejemplo, el prestigioso informe anual del Word Justice Proyect 2020 que mide el estado del arte del estado de derecho, a través de 8 parámetros que van desde las restricciones al poder de los gobiernos; ausencia de corrupción, gobierno abierto; derechos fundamentales, sistema regulatorio; orden y seguridad y, justicia civil y penal, sitúa a Bolivia en el puesto 29 de 30 países a nivel regional sólo por encima del desastre de la tiranía Venezolana y en el 121 de 128 a nivel global.

En el parámetro de justicia civil, ocupamos a nivel global el puesto 126 de 128 países; en justicia penal 127 de 128 (sólo le ganamos a Venezuela); en cumplimiento regulatorio 114 de 128; en orden y seguridad 115/128 y en Derechos Fundamentales 96/128: un desastre completo.

Huyendo de caer en el vicio de las generalizaciones puesto que aun así, me consta que sobreviven operadores de justicia que cumplen aceptablemente su función e incluso, existen procesos de diversas materias que con luces y sombras se logra impartir justicia, es indudable que estamos ante un gran problema que patentiza el fracaso no sólo del gobierno o del estado, sino de la sociedad toda. No es el único por supuesto, súmenle la salud, la economía y otros, completamente agravados por el virus chino y la pandemia y, tenemos la tormenta perfecta en la que, sensiblemente, nos encontramos.

Será entonces razonable indagarnos: ¿Para qué sirve el estado sino asegura a sus ciudadanos un sistema siquiera aceptable de justicia? ¿Y qué de la salud, la economía o la educación? Sombrío el panorama. Necesitamos pues, empezar por resucitar esos bienes que justifican la existencia del estado mismo.

Liberal como soy (de los que han leído y entienden lo que significa y no sólo recitan clichés) no soy de los que esperan mucho del para algunos idolatrado estado, pero asumiendo que se trata de un mal necesario, por lo menos debiera asegurarnos a los ciudadanos una mínima dosis de aquellos bienes que justifican su existencia: ¿Tenemos vacunas suficientes para quienes las necesitamos? Por ejemplo…

En el tema que puedo escribir con mayor propiedad como Abogado, insisto y mantengo que esa profesión es hermosa, pero el sistema actual de justicia nos avergüenza a todos –siempre salvando aquellas excepciones que existen en mayor cantidad de lo que se ve cotidianamente- pues como bien dijo el Maestro COUTURE: “La Abogacía puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios”.

En ese sentido, sostengo que aunque no es el único, el vicio que mayor daño está haciendo al sistema de administración de justicia boliviano es su falta de independencia, tratándose de los juzgadores y de objetividad, tratándose de fiscales (aunque esto también obedece también a lo primero). Si dos personas sin ningún tipo de influencia partidaria tienen un pleito, seguramente con sus luces y sombras alumbrará justicia, pero cuando el poder partidario está en liza (Ej: casos “golpe de estado”, Yassir Molina u otros similares) el sistema queda absolutamente prostituido por juristas del horror que avergüenzan con su vil y servil proceder, dejando por los suelos al casi ningún prestigio que le queda a la justicia boliviana.

¿Cuál la solución entonces? Sin pretender simplificar la magnitud y complejidad del tema, estoy convencido que pasa ineludiblemente por este aspecto, sin el cual, el estado del arte seguirá peor aún: voluntad política. La clase política boliviana, de todos los colores, no tiene la madurez, ni la inteligencia y menos siquiera el sentido común para vislumbrar la conveniencia para construir un sistema de justicia idóneo, confiable y especialmente independiente, que establezca límites efectivos y oportunos al ejercicio del poder. Prefiere tener cómplices y encubridores sometidos que les aten los watos, le inventen “derechos humanos” y les sirvan lavándoles sus trapos sucios, aunque no sólo las víctimas directas de aquellas tropelías paguen los daños, sino la ciudadanía toda: “Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”. Albert CAMUS

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