En una nueva edición de su programa digital, Oscar Ortiz conversó con el jurista William Herrera sobre el decreto de amnistía e indulto; con Amparo Ballivián sobre el impacto de la pandemia en la economía mundial y nacional; y con el economista José Gabriel Espinoza acerca de la reactivación y el déficit fiscal.

Se institucionaliza la impunidad
El ex presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, William Herrera, se refirió al decreto presidencial de amnistía e indulto, señalando que son “dos figuras distintas que persiguen la impunidad de hechos delictivos”.

“El indulto se lo ha venido usando cada fin de año por razones humanitarias, para condenados con problemas de salud o con hijos pequeños, pero no es el caso de lo que ha hecho el MAS”, remarcó.

Herrera consideró que “en el fondo, se ha amnistiado o indultado a los que cometieron delitos de octubre del 2019 a octubre del 2020. Está direccionado a liberar de responsabilidad penal a los dirigentes, simpatizantes y seguidores del MAS”.

“Esto es discriminatorio y no es constitucional. Va en contra de una doctrina consolidada a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. Va en contra de la justicia y sobre todo de las víctimas. Este tipo de amnistía institucionaliza la impunidad e impide a las víctimas conocer la verdad”, señaló.

El jurista advirtió que con este instrumento jurídico “las víctimas no tendrán ninguna posibilidad de activar procesos o reparación de daños. Hay la intencionalidad política de autoprotegerse desde el abuso de poder”.

William Herrera acotó que toda la narrativa sobre el supuesto golpe de Estado apuntaba a justificar estos mecanismos de impunidad, que serán aplicables por la existencia de un “sistema judicial debilitado”.

Un nuevo motor para la economía boliviana
En otro tramo del programa, Oscar Ortiz dialogó con la ex ministra de vivienda Amparo Ballivián, quien también tuvo una larga carrera en el Banco Mundial.

La economista opinó que “el impacto de la pandemia es enorme, no solamente en la caída de la producción, sino también en la forma de trabajar, estudiar y prestar servicios”.

Ballivián adelantó que la recuperación “va a tomar por lo menos 2 años” y que no dependerá solamente de lo que haga el país, sino también de fuerzas exógenas, como la política económica de Biden y de China.

La experta consideró que el principal informe que debería tener el Ministro de Economía sobre su escritorio son los indicadores de vacunación: “sin eso estamos igual”.

“No es muy buena la situación en Bolivia. Israel ya vacunó a 8.500 de cada 10.000 personas. Chile a 1.500. Bolivia sólo a 9 de cada 10.000”, remarcó.

Ballivián dijo que lo fundamental será encontrar “un nuevo motor de la economía boliviana” y apostó por “alentar al sector exportador”.

“El motor del empleo no puede seguir siendo el sector público. Hay que impulsar un mejor ambiente de negocios para el sector privado, donde sea más fácil crear empresas”, añadió.

Sobre el impacto de la pandemia en la economía nacional, Amparo Ballivián señaló el golpe sufrido por las familias y las pequeñas empresas, que actualmente tienen problemas para acceder al crédito.

Además, la ex ministra destacó la necesidad de recomponer el gasto público: “ya no hay recursos para elefantes blancos” y se debe focalizar el presupuesto en educación, salud e infraestructura básica.

No hay un plan de reactivación
Por su parte, José Gabriel Espinoza, quien fuera director del Banco Central de Bolivia en la gestión 2020, evaluó el desempeño económico en los 100 primeros días del nuevo gobierno, indicando que la normativa emitida en este periodo (28 decretos y 4 leyes) no incluye un plan de reactivación, sino que “se pretende volver a lo mismo que se hacía hasta el 2019”.

“Se dio un auge muy grande donde no había necesidad de reactivar nada. Hoy en día estamos en un momento muy diferente. Este plan no responde a la necesidad de reactivación que tenemos en el país”, enfatizó.

Espinoza advirtió que el gobierno de Arce está apuntando a “ocupar todo el espacio de endeudamiento del país bajo el mismo plan que se tenía antes del 2019”.

Al respecto, adelantó que los bonos por 3.000 millones de dólares que se busca colocar en el mercado internacional serían “un financiamiento caro, a tasas del 6 o 6,5%”, y acotó que en caso de que se pretenda tomar deuda interna esto obligaría a la banca a “encarecer el crédito”.

El economista cuestionó la devolución de recursos al FMI, que habían llegado con las tasas más bajas recibidas por Bolivia y sin condicionalidades macroeconómicas.

“Es un golpe fuerte a las reservas y preocupa que se use al Banco Central como un alfil político”, remarcó.

Respecto al gasto público, Espinoza opinó que “debe distribuirse mejor”, fortaleciendo a las economías locales para lograr un mayor dinamismo.

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