Marcelo Ostria Trigo

A muchos nos ha sorprendido la violencia desatada por una turba en el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Es que, hace ya más de un siglo, luego de una muy cruenta guerra civil en ese país, no hubo hechos comparables a lo que acaba de suceder. Pareciera que hubo contagio con la conducta de las hordas que siempre aparecen en nuestra América Latina, provocando disturbios, muchas veces con víctimas y destrucción. La poblada en Washington que intentó oponerse a la certificación congresal del resultado de las últimas elecciones, no prosperó. La legalidad se impuso, y ya hay un presidente electo reconocido.

Mientras las noticias sobre lo sucedido en Washington eran ampliamente difundidas, en Bolivia había intentos violentos de ocupar algunas instituciones, exigiendo que los actuales funcionarios resignen sus cargos en favor de militantes del partido oficial. “Hemos ganado las elecciones y eso nos da derecho a desempeñar cargos en la Administración Pública”, es el argumento. Y, en un caso, ya tienen el nombre de quien escogieron para dirigir una de las reparticiones públicas.

Se olvida –o se ignora– que “La Administración Pública comprende el conjunto de órganos del sector público conformados para realizar la tarea de administrar y gestionar organismos, instituciones y entes del Estado” (Manuel Fortún en Economipedia), es decir que no se trata de un botín. Por eso, en nuestro país aún no funciona la democracia, que no se limita a elecciones. Quien ejerce el poder frecuentemente reemplaza a los funcionarios con militantes que han hecho méritos en elecciones o revoluciones.

Lo anterior viene junto a la violencia, cuando los obstinados no se obtienen lo que piden; es que confían en la impunidad por los desmanes que ocasionan. Se dirá que se esa demanda corresponde al derecho de petición. Pero no corresponde cuando se contradice el postulado de la Declaración Universal de Derechos Humanos que “Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país” (Art. 21). Esto supone que no debe predominar la afiliación partidaria como exigencia para desempeñar un cargo público.

La constatación de que, en el pasado reciente, en Bolivia se exigía la afiliación al partido gobernante, para desempeñar una función en la Administración Pública, no es una justificación aceptable. Solo es una característica de los regímenes despóticos. Por supuesto que ahora se tiende a esa clase de régimen, como lo anunciara el actual presidente en su campaña electoral, en sentido de que nos dirigiremos a un sistema, como el castrista en Cuba, donde todos los funcionarios públicos están afiliados al partido gobernante.

Por otra parte, la Organización de Naciones Unidas, cuya Asamblea General aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, decepciona cuando en su Consejo de los Derechos Humanos, se incorporan a países con regímenes que violan las libertades democráticas. Aquí se presenta un caso curioso, se acepta como miembro de ese Consejo a Arabia Saudita que, a tiempo de aprobar la Declaración mencionada, se abstuvo junto a la Unión Soviética. Esto parece que ya es una norma basada en el despotismo.

Sir Winston S. Churchill, afirmó: “¡La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todas las demás!”. En esas “demás” están los violentos.

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