Marcelo Ostria Trigo

Una de las condiciones para que se manejen adecuadamente los asuntos públicos, es disponer de una adecuada administración pública. Esto implica orden en los nombramientos, inamovilidad funcionaria que implica no despidos por razones políticas y, ciertamente, idoneidad para el desempeño de los cargos.

Acaba de iniciarse un nuevo gobierno y ya se han desatado pugnas de grupos del oficialismo que alegan tener derecho a controlar ministerios y otras instituciones públicas. Esto no es sensato ni corresponde a una ordenada trasmisión del poder. Por supuesto, muestra que la acción política de algunos sectores, no tuvo como inspiración un programa o una ideología, sino la puja por cargos en la administración pública y, por supuesto, por el poder.

No es aceptable que se premie con ministerios u otras altas funciones a quienes solo alegan que fueron fieles militantes y activistas electorales. La constitución de un gobierno serio implica, en primer lugar, encomendar la dirección de las reparticiones del Estado a quienes muestran preparación e idoneidad. Que una región o sector ciudadano reclame porque no le han asignado como premio por su acción política una o varias carteras ministeriales, muestra que la lucha política no tuvo como fin cooperar al éxito de su agrupación política, sino que predominó la intención de medrar. Inclusive se ha llegado a creer que, cuando un candidato a ministro fallece, su familia tiene el derecho a dirigir el ministerio supuestamente prometido.

Es comprensible, por otra parte, que los que van a dirigir el Estado, tengan como principales ejecutores de sus decisiones a personas de confianza. Pero confundir esa práctica, habitual en la mayoría de los gobiernos democráticos, con el supuesto derecho de sus correligionarios y despedir a los demás, no solo es una práctica abusiva, sino que así se disminuye la calidad de una administración que requiere funcionarios bien formados y no militantes que cobran su supuesta lealtad al nuevo régimen.

Lo anterior no anuncia un comienzo razonable. Si esto persiste, habrá que temer desórdenes. Entre los descontentos con las nuevas designaciones, están los masistas de El Alto, que cuentan sus agresivas manifestaciones y desmanes, como mérito para ser premiados con cargos públicos.

A esto se añaden algunas actitudes que ponen en serio riesgo la unidad del partido gobernante. Se ha sabido, por ejemplo, que las Bartolinas y campesinos de Chuquisaca están molestos porque no se han nombrado a dirigentes campesinos en el Ejecutivo. Y hay más: un diputado y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutc), según se informa, se preparan para expulsar del partido de Gobierno al ex ministro Carlos Romero y a la ex presidente del Senado Nacional Adriana Salvatierra, acusándolos de ser responsables de la caída del gobierno en noviembre de 2019. A estas fisuras, se añaden otras que no auguran ni paz ni normalidad.

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