Wilfredo Rojo Parada

No es de interés de Bolivia que el régimen de Nicolás Maduro se prorrogue en el poder en Venezuela; en primer lugar, porque nuestro país no se encuentra alineado en ese tipo de ideología castro-chavista; y porque el depuesto Gobierno del MAS se amparó en las arbitrariedades del régimen venezolano para ejercer un sistema político de corte prorroguista-dictatorial y de corrupción sobre la sociedad boliviana. Bolivia, como parte de la comunidad internacional, exige elecciones libres y justas para Venezuela.

La pretensión del gobernante-usurpador venezolano es de llevar adelante una elección parlamentaria que carece de absoluta legitimidad y prescinde de la supervisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales que velan por los preceptos democráticos en el mundo.

Desde el surgimiento del extinto y execrable Hugo Chávez Frías, han sido 21 años de una democracia en constante zozobra en la región sud y centroamericana, y pese a los nuevos aires de libertad que viven algunas naciones del subcontinente, la amenaza persiste.

Así como el socialismo del siglo XXI es el ropaje camuflado del fracasado comunismo del siglo XX, el Grupo de Puebla lo es para el Foro de Sao Paulo, fundado en Brasil en 1990, caracterizado por el descalabro de sus corruptos e ineficientes gobiernos. Su seudodenominación “progresista” se tradujo en populismo, autoritarismo, represión política, estatismo, corrupción, narcotráfico, terrorismo, control de la economía y subyugación ideológica-cultural.

27 partidos de la oposición venezolana no participarán de las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre, por considerarlas fraudulentas. La decisión tiene el respaldo de todas las bancadas opositoras en la Asamblea Nacional, que agotaron todos los esfuerzos en los ámbitos interno y externo para conseguir un proceso electoral “justo y competitivo”.

Luego de iniciado el Gobierno interino de Jeanine Áñez, el 14/11/19, Bolivia reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela, y abandona la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). A inicios de enero del año en curso ingresa al Grupo de Lima en medio de una crisis diplomática con México y España.

A partir de ahí, Bolivia se involucra en las decisiones del Grupo de Lima para presionar elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en Venezuela, como la emanada de la reunión en Ottawa el 20/01/20, donde asistieron los ministros de los 15 países miembros de dicho organismo internacional, así como observadores de República Dominicana y Ecuador. Bolivia participa por primera vez en la instancia multilateral.

A estas alturas, más de un centenar de naciones han adoptado una posición de desconocimiento al régimen de Maduro, y consideran a Guaidó como presidente encargado de Venezuela hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales.

La liberación de Venezuela es el principal objetivo del Grupo de Lima, gestiones en los ámbitos diplomático y mediático tienden a obligar a Maduro a retroceder en su intento de mantenerse en el poder, y como forma de concienciar a la opinión pública internacional sobre la realidad venezolana.

El régimen de Maduro es ostensiblemente contrario a los derechos humanos fundamentales; es contrario al mandato constitucional de cualquier nación del mundo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; se ha dilapidado la fuente de sus riquezas y la pandemia originada por el Covid-19 ha develado un escenario devastador en el país caribeño con el colapso de su sistema de salud pública.

En el reciente 14/08/20, un total de 28 países integrantes del Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima, la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, y otros países como Israel y Corea del Sur, publicaron un comunicado conjunto, donde hacen un llamado “de manera urgente” a una transición democrática en Venezuela, que conduzca al país a unas elecciones presidenciales libres y justas lo más pronto posible”.

Asimismo, insta a permitir que la Asamblea Nacional (Parlamento) cumpla plenamente sus funciones, y se restablezca la independencia del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional. Convoca a los venezolanos, civiles y militares “a comprometerse de manera urgente” en un proceso que encamine al país al restablecimiento de un gobierno de transición inclusivo electoral.

La declaración multilateral reitera la disposición de los países que mantienen sanciones económicas, a seguir presionando hasta lograr un cambio en Venezuela. Estados Unidos, por su parte, ha emitido una batería de sanciones para cercar al Gobierno de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, exige “que se ponga fin a toda persecución política y a los actos de represión en contra de defensores de derechos humanos, trabajadores de la salud, periodistas, miembros de las comunidades indígenas e integrantes de la Asamblea Nacional, bajo el liderazgo de Juan Guaidó.

La crisis de Venezuela sigue agravándose. Alrededor de 5 millones de venezolanos han huido del país por la lánguida situación económica y por la violación permanente del régimen a los derechos democráticos. En palabras del canciller de Canadá, François-Philippe Champagne, la dictadura de Maduro ha originado “el sufrimiento humano, la destrucción medioambiental y el colapso económico” en Venezuela.

Nos adherimos a lo expresado por el dignatario canadiense: “La única forma de restaurar la democracia y superar la crisis en Venezuela, es la pronta realización de elecciones presidenciales y parlamentarias incluyentes, libres, justas, transparentes”.

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