Enrique Fernández García*

El Poder Judicial representa lo más conservador y convencional de la nación boliviana. Aquí se concentran casi todas las cualidades negativas del autoritarismo y del irracionalismo.
H. C. F. Mansilla

Si, según el profesor y jurista Rafael Bielsa, un abogado debe caracterizarse por tener coraje cívico, cabe dejar de lado las sutilezas. Pasa que, siendo un problema tan evidente, corresponde su señalamiento con toda claridad: el Órgano Judicial es uno de los poderes más corruptos del país. No exagero en absoluto. Cualquier persona que haya tenido experiencias con jueces, fiscales, incluso policías de investigación, así como también funcionarios administrativos, auxiliares, diligencieros, entre otra gente ligada a ese mundillo, no podría sino darme la razón. Se trata, pues, de un escenario en que, mayoritariamente, los actores están marcados por la inmoralidad. Peor todavía, desde las aulas universitarias, en muchos casos, se fomenta la multiplicación de prácticas que vuelven eternos esos males institucionales. Todos nos percatamos de la desgracia; empero, nadie parece buscar un cambio genuino.

Naturalmente, hay quienes deberían preocuparse más al respecto. Me refiero a las personas que aspiran a conquistar el poder. Los candidatos, esos mortales que serían movidos por el afán de servir a la sociedad, deberían tener como misión fundamental terminar con esa corrupta e inepta maquinaria. Sin embargo, al margen de sus discursos románticos, no encontramos nada meritorio. Se habla de modificar normas, capacitar a funcionarios para elevar su moralidad, procurar que se elijan a los mejores, entre otras respuestas cándidas; mientras tanto, una rápida revisión del pasado evidencia lo inconducente de cada medida. Digámoslo de mejor forma: todo lo prometido se ha intentado ya llevar adelante, pero con el fracaso más contundente posible. La prueba está en que los actos de corrupción jamás cesaron.

Ya no creo que les falte imaginación para concebir planes a fin de contrarrestar ese flagelo. Estoy convencido de que, en realidad, nadie quiere una revolución en la justicia. Ninguno levanta la mirada para informarse sobre cómo se avanza en otros Estados. No se pronuncian acerca de la tecnología y sus beneficios para terminar con las clásicas demoras en juzgados, donde litigantes deben aguardar semanas, hasta meses, para recibir una breve respuesta del magistrado. En Argentina, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial, Prometea, consiguió disminuir esos tiempos de manera significativa. No, acá, en un territorio donde los progresos no llegan pronto por necedad burocrática, ni siquiera se pueden realizar bien audiencias vía Internet. En resumen, entretanto los conocimientos científicos, informáticos, cambian al mundo del derecho, estamos condenados a una administración arcaica de la justicia.

Desde luego, se habla del respeto a la independencia de poderes. Así, atendiendo a sus declaraciones, entenderíamos que los aspirantes al mando gubernamental anhelan tener jueces imparciales, sometidos al ordenamiento jurídico, rechazando cualquier otra sujeción. No obstante, la historia nos enseña que nunca hubo Ejecutivo respetuoso de dicho principio. Es obvio que, durante los años del tirano de Morales Ayma, la situación fue particularmente intensa, rebasando todo lo hecho en el pasado. Mas el reconocer esta infamia no debería conducir a caer en la equivocación de divinizar a los anteriores regímenes. Lo cierto es que las alianzas entre políticos con poder y jueces sin ética podrían servir para escribir numerosas páginas de la historia nacional. De modo que, para abreviarlo, nos queda sólo esperar a ver quién se ocupa de continuar con esta maldita tradición.

*Escritor, filósofo y abogado

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