Hugo Balderrama

La sanidad pública pretende brindar la mayor cantidad de servicios de salud al mayor número de personas posibles. En el contexto de la ética médica, eso se llama utilitarismo.

Los programas de salud pública se centran, con mayor frecuencia en las últimas décadas, en la prevención de enfermedades. Sin embargo, aunque esa declaración pueda sonar bonita y parecer razonable, es imposible de cumplir. Y no es un asunto de capacidades profesionales o de luchar contra la corrupción -una frase que la clase media repite como mantra-, sino de ontología del Estado y de fuentes de financiamiento.

Veamos lo primero.

La ontología es una rama de la filosofía que estudia al ser (en acto y potencia). Por ejemplo, nos permite explicar porque una silla sirve para sentarse, un cuchillo para cortar y -especialmente cuando analizamos los sistemas políticos- porque los Estados no sirven para hacer negocios ni caridad y, muchos menos, administrar la salud de la población (al activo más importante de las personas). El Estado es el monopolio legal de la fuerza según la clásica definición de Max Weber. Y la aplica, mediante un tipo de organización racional y eficiente para el empleo de la violencia, para tratar con la guerra y el crimen. Esas son las funciones propias del Estado, que hoy incumple, por pretender abarcar demasiado.

Por otro lado, se suele argumentar que la salud es un «derecho» y que el Estado se encargará de costear para todos los ciudadanos. Pero ¿Es posible que un Estado financie de manera eficiente sus ofrecimientos de salud «gratuitas»?

La realidad es que no existen ni los almuerzos, ni la sanidad, ni la educación gratis. Todo lo tiene que pagar alguien, y si no lo paga la persona que recibe el servicio, lo tendrán que costear el resto de ciudadanos, que aunque no paguen el impuesto sobre las Utilidades de las empresas -muchos creen que sólo los empresarios están sujetos a obligaciones impositivas-, sí pagan el IVA, el IT y otros muchos tributos -incluida la inflación, una inmoralidad donde los pobres subsidian a los más ricos-.

Adicionalmente, y como bien lo señaló Domingo Orozco, médico familiar y presidente de la Asociación Valenciana de Medicina Familiar, en el año 2006, en el congreso de Medicina de Valencia: «La OMS ya no define la salud como la ausencia de una enfermedad, sino como una situación de bienestar físico, social y mental». Una definición utópica muy peligrosa que solo favorece a las grandes corporaciones fabricantes de medicina. Por su parte, Pablo Alonso, médico cirujano e investigador académico, manifestó que: «Lastimosamente, la medicina está secuestrada por grupos económicos y políticos que están interesados en vender tratamientos de forma masiva, muchos medicamentos están a la venta justo antes del “descubrimiento” de la enfermedad».

Por su parte, Peter Christian Gøtzsche -biólogo, médico e investigador en medicina, además, cofundador del Centro Nórdico de Colaboración Cochrane (Copenhague) en 1993 y formó parte de su junta directiva desde 2017 hasta 2018- es un convencido que organizaciones como la OMS y las grandes corporaciones de la medicina pretenden imponer un sistema esclavista alrededor del globo (esa vieja alianza entre pseudo empresarios y Estados que denunciaba Adam Smith, pero esta vez con esteroides).

Demostró que hay un abuso masivo en el diagnóstico de depresiones y que, en la mayoría de los casos, los fármacos recomendados son placebos que generan dependencia -una especie de adicción promovida por los gobiernos-. Contrariamente, a la ciencia médica, incluso al sentido común, hoy muchos galenos incrementan las dosis de los tratamientos en lugar de reducirlas. Esto produciría, según Gøtzsche que los síntomas de abstinencia sean frecuentemente mal interpretados como «reaparición de la enfermedad» o como el brote de algún nuevo trastorno, para el que se vuelven a recetar psicofármacos.

Adicionalmente, en países como Estados Unidos el concepto de medicina preventiva garantizada por el gobierno, obliga a los médicos a priorizar la atención de personas sanas por sobre los enfermos. Y en el caso de atender pacientes, por ejemplo, con diabetes, se guían por procedimientos que diseñan las oficinas burocráticas en concupiscencia con las grandes corporaciones farmacéuticas, métodos que en muchas ocasiones aceleraron las tasas de mortalidad de los pacientes.

En resumen, la invasión del Estado en la salud, no es otra cosa que una usurpación de una función que por naturaleza le pertenece a las personas de manera individual. Al usurpar funciones privadas, el Estado se recarga de tareas, de poderes, derechos y facultades -que ejerce mediante reglamentos y controles arbitrarios, muchas veces caprichosos-. También se acumula de gastos, que atiende con los recursos procedentes de los muchos y altos impuestos, del crédito, y de la inflación de moneda. Desatiende las funciones genuinamente públicas. Y algo peor, obstaculiza, prohíbe, encarece o impide que las entidades privadas logren sus fines de servicio. Verbigracia, en Bolivia fueron los gobernantes en los niveles nacional, departamental y municipal los que impidieron y bloquearon todas las actividades privadas que buscaban frenar la pandemia del COVID-19.

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