Emilio Martínez Cardona

Durante toda la historia de Bolivia, élites político-económicas han utilizado la maquinaria del Estado para concentrar la riqueza en pocas manos. A veces, esto ha sido encubierto bajo un discurso seudo-liberal, aunque la práctica de un aparato público puesto al servicio de unos en detrimento de otros deba recibir en realidad el nombre de patrimonialismo.

En otras ocasiones, la concentración de la riqueza por la vía estatal se ha realizado bajo ropajes socialistas y con supuestos propósitos igualitarios, originando burocracias todopoderosas y corruptas.

Pero la mayor parte del tiempo ambos procedimientos se han mezclado, como sucedió en los recientes 14 años, con un gobierno burocrático-estatista que pactaba negociados con grandes grupos económicos.

Los mecanismos utilizados iban desde las concesiones restringidas a muy pocas empresas hasta la expropiación de pequeños y medianos emprendedores, pasando por las reglas desiguales y la captura de los órganos reguladores.

Y siempre, las víctimas de ese estado de cosas han sido los ciudadanos de a pie, que se vieron obligados a construir una economía paralela, fuera de las reglas opresivas del Estado y al margen de la institucionalidad formal.

Hoy en día, el 70% de la economía de Bolivia pertenece al llamado sector informal, una economía popular de mercado en la que millones de ciudadanos practican el libre intercambio de bienes y servicios, desplegando su iniciativa y creatividad.

Sin embargo, nunca el sistema político interpretó y recogió esta realidad elemental, siendo una de las causas fundamentales por las que el enorme potencial de creación de riqueza que duerme en esa economía popular no ha podido ser despertado.

Despertar ese potencial requiere mecanismos de seguridad jurídica accesibles para todos los ciudadanos; un régimen de concesiones basado en el derecho natural, reconociendo formalmente lo que de hecho está en manos de los ciudadanos desde tiempo atrás; facilitar y promover la creación de nueva propiedad privada en manos de los ciudadanos que aún no han podido desarrollarla, mediante la educación productiva; y romper los esquemas ideológicos tradicionales para dar paso a una amplia experiencia de capitalismo popular.

En suma, construir un nuevo modelo económico, ajeno tanto a la oligarquía burocrática como al capitalismo de camarilla.

Para despertar el capital popular dormido debe dotárselo de reconocimiento legal, mediante programas de titulación de la propiedad inmobiliaria urbana, dando propiedad privada a los campesinos e indígenas, plasmando en concesiones claras y de largo plazo los derechos económicos de ciudadanos que operan en el sector informal, protegiendo el derecho de las cooperativas y los mineros libres a explotar el fruto de sus descubrimientos, y construyendo un nuevo sistema tributario que facilite la formalización.

Manipulados con pequeñas prebendas durante años por el poder burocrático del MAS, los emprendedores populares también han sido ignorados –o incorporados muy secundariamente- por los demás partidos, cuando la articulación de un proyecto político que los tenga por eje debería ser vertebral para la construcción de una nueva democracia.

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