Marcelo Ostria Trigo

Una de las primeras medidas del gobierno de la presidente Jeanine Añez, fue respetar la institucionalidad nacional; entre ellas, la administración de justicia y la continuidad y extensión del periodo de los parlamentarios electos en anteriores elecciones. Esta actitud dirigida a la continuidad del poder legislativo, fue producto de un acendrado espíritu democrático. Se creyó que, descubierto el fraude electoral del 20 de octubre de 2019, se impondría la cordura y el juego político limpio, indispensables para recuperar la normalidad institucional. Esto significaba también el abandono de presiones callejeras.

Sin embargo, la actitud de la actual Asamblea Legislativa dominada por la mayoría masista es lamentable. No se compadece con el terrible momento que vive la Nación por la pandemia del coronavirus. Y por si esto fuera poco, es sistemática la obstrucción a toda medida que se oriente a una sana administración del país. En efecto, se ha llegado al extremo de rechazar créditos para luchar contra la pandemia del coronavirus, con el pretexto –nunca aclarado– de que fueron concedidos con condiciones lesivas al país. Y, en la misma línea del absurdo, un diputado, lanzó la majadería de que, porque el coronavirus no se ha extendido a todo el territorio nacional (lo que no es cierto), la Asamblea no aprobará subir la asignación para el sector salud al 10 %, como lo propuso el Ejecutivo.

Hay más: los parlamentarios de la actual mayoría, con la participación de otro candidato complaciente, han impuesto que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre próximo, desoyendo opiniones de especialistas de que la pandemia en esa fecha puede ocasionar más enfermos y muertos.

Y siguen los malos propósitos: La mayoría congresal pretende aprobar una ley –seguramente lo conseguirá– que establezca que un ministro censurado por la Asamblea no podrá, nunca más, ser nombrado en esa calidad. Se recurre a la antigua “muerte civil”. Tampoco estuvieron libres de prejuicios contra los militares que, por antigüedad y méritos, debían ascender. A la circunstancial mayoría no le hacía gracia aprobar esos ascensos, en represalia por la fidelidad castrense a la constitución y a las leyes.

Los parlamentarios masistas afirman que fueron electos por el pueblo. La verdad es que también ellos son fruto del fraude. El de octubre pasado no fue el único proceso electoral tramposo; las anteriores elecciones tuvieron el mismo Padrón Electoral contaminado con cédulas de identidad “clonadas”, inscripción de fallecidos que “votaron”, traslados de masistas de un distrito a otro para votar varias veces y la suplantación de actas de las mesas de sufragio.

Una elección precipitada que aumente los daños de la pandemia, no es opción. Es, más bien, un capricho de una secta política irresponsable, acompañada por otro candidato cercano al evismo.

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