Arturo Yáñez Cortes

No se joda con su propio invento, dice el refrán. Ocurre que en junio de 2010, en apogeo de la tiranía, los asambleístas del MAS levantaron la mano y sancionaron la Ley No. 026 del Régimen Electoral, cuyo art. 136.III dispuso: “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica…”

Dicho y hecho. Sus secuaces del Órgano Electoral de ese entonces, aplicaron inmisericordemente la norma, por supuesto, a sus rivales electorales con lo que de un plumazo hicieron desaparecer toda una candidatura de UD en el Beni. En su momento, cacarearon fórmulas tales como: “La ley es dura pero es la ley”; “Las Leyes se cumplen” y, hasta acaba de publicarse un video de la época donde una de sus inefables repite: “No hay donde perderse, hay pruebas suficientes”.

Pues bien, probando aquella frase en sentido que no hay inventor que no se jode con su propio invento, acaece que ante uno de sus operadores disfrazados de periodista, el candidato del fugado le metió no más un comentario en TV sobre sus encuestas, cumpliendo cabalmente aquella descripción legal que de aplicarse las leyes a todos, acarrearía la cancelación inmediata de su personalidad jurídica.

Convengamos que a la luz del desarrollo los derechos fundamentales y convencionales, el ejercicio de los derechos políticos –pasivo cuando eliges y activo cuando candidateas- resulta muy pero muy discutible aquella sanción, dado que incurre en irrazonable y desproporcionada, vulnerando el Debido Proceso substantivo que prohíbe actos arbitrarios de poder.

Sin embargo, esa norma por muy absurda que pueda parecer, en el momento de los hechos –la semana anterior cuando el superluchin le metió no más- estaba plenamente vigente correspondiendo sea aplicada como ya antes ocurrió e incluso, goza de presunción de constitucionalidad como expresamente ordena el Código Procesal Constitucional. Por tanto, nos guste o no, debiera ser aplicada hasta por una cuestión de igualdad por el antecedente jurisprudencial citado, salvo una eventual acción de control de constitucionalidad que luego de su largo trámite, la expulse del ordenamiento jurídico, algo que no ha ocurrido y de darse, sería para el futuro.

Hasta jurisprudencia existe y se trata del caso del Beni: el derecho jurisprudencial se basa en la regla del “stare decisis” que significa mantenerse con las cosas ya decididas y se apoya fundamentalmente en que ante una misma o similar situación fáctica, por respeto de la garantía de igualdad, corresponde otorgar trato similar.

¿Será que el actual órgano electoral tiene la talla suficiente para aplicar esa ley? ¿Cuáles serían sus efectos no sólo jurídicos, sino políticos? ¿Los parlamentarios y operadores del MAS serán tan sinvergüenzas en ahora confutar esa norma, cuando la aprobaron, defendieron y aplicaron entusiastamente? Se asoma una nueva interesante batalla legal, más cabrá considerar aquello del “Dura lex, sed lex”: La ley es dura, pero es la ley.

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