Arturo Yáñez Cortes

En medio de una nueva controversia, se ha producido el cambio de timón en la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia; habiéndose escuchado conferencias y discursos –de la saliente como del entrante- sobre institucionalidad, independencia, mejoras al sistema y otras perlitas: creo que hay que ver el bosque y no quedarse en el árbol, por muy frondoso que sea.

¿Realmente esa substitución podría cambiar o por lo menos mejorar el deplorable estado de la administración de la justicia boliviana? Considérese por ejemplo, que el último reporte del prestigioso World Justice Proyect sobre el índice del estado de Derecho en Bolivia la sitúa en el penúltimo nivela a nivel global y americano, sólo por encima por supuesto del exitoso desastre, venezolano.

Ese afamado informe anual mide 8 factores consistentes en restricciones a los poderes gubernamentales; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales, orden y seguridad; cumplimiento normativo, justicia civil y penal. En derechos fundamentales ocupamos globalmente el puesto 96 de los 128 países medidos y regionalmente 27/30; en justicia civil 126/128 global y 29/30 regional. En justicia penal estamos peor aún: 127/128 y 29/30. Es decir, estamos en la cola de todos esos rangos directamente vinculados con la administración de justicia.

Si analizamos los informes de los últimos años de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, quedaremos asombrados que la administración de justicia boliviana, junto con la Policía y el Ministerio Público, aparece punteando los primeros puestos de las instituciones más denunciadas por… violar DDHH, cuando su razón de ser es tutelarlos. Ni que decir de los siempre altos índices de presos sin condena (pese a los desesperados indultos y amnistías) o el nivel de hacinamiento carcelario, siempre peleando la punta de los peores en la región.

Así el estado del arte, el que haya un cambio de timón en el TSJ parece pese a todo, un hecho intrascendente para los reales problemas de fondo del sistema, entre otros, independencia (no sólo partidaria, sino respecto de otros poderes fácticos como el dinero, los consorcios/amiguismo); transparencia; oportunidad / retardación, efectiva tutela de DDHH y naturalmente, legitimidad de sus componentes, pues insisto, todos son ilegítimos de origen y desempeño. El César no sólo debe ser sino parecerlo.

Todos sus altos cargos perdieron y por tunda, las “elecciones” judiciales a las que voluntariamente se sometieron según la CPE, pues el resultado que obtuvieron incluso fue peor que similar papelón de seis años atrás: la suma de votos en blanco (14,93%) y nulos (50,9%) rozó los dos tercios de los votos emitidos, algo más que el 2011.

Es decir, les ganaron los “Doctores” nulo y blanco, pese a lo cual, le metieron no más y fueron posesionados en el cargo para el que perdieron y no con el respaldo del soberano que les dijo también no, sino con el aval partidario de la mayoría partidaria del MAS en la ALP que verdaderamente les eligió e incluso, actualmente les mantiene en el cargo, pues les toca juzgarlos y eventualmente suspenderlos. ¿Cuántos procesos en su contra están durmiendo el sueño de los injustos en la ALP?

Entonces, discursear sobre legalidad, institucionalidad, legitimidad o prometer arreglar el fracaso de la administración de justicia boliviana, absolutamente penetrada entre otros males, por –sea cualquier- partido político u otros vicios aún peores, tratándose de autoridades sin ningún grado de legitimidad y músculo para hacerlo siquiera mínimamente, constituye una entelequia que cae bajo la más burda demagogia, más aún cuando toda la clase política boliviana no tiene la talla para aceptar que en la realidad, tengan un tercero imparcial que les impida ejercer arbitrariamente el poder. El Maestro CARRARA había escrito: “Cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la Justicia sale disparada por la ventana”.

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