Emilio Martínez Cardona

Varias señales indican que Bolivia está ante una ofensiva externa e interna, que busca la desestabilización del gobierno democrático. El Grupo de Puebla pide que se valide a Evo Morales como “presidente electo” en octubre de 2019, a partir de un refrito de informes elucubrados por la izquierda norteamericana, y define como “gobierno de facto” a la actual administración boliviana.

Por su parte, el ex mandatario y ex agente del régimen evista en La Haya, Eduardo Rodriguez Veltzé, nomina a Jeanine Añez como una “presidenta autoproclamada”, mientras Eva Copa y Carlos Mesa coinciden en buscar la deslegitimación del gobierno alegando que “no está cumpliendo su función constitucional”. Se equivocan ambos, claro, porque la misión gubernamental no es “convocar comicios” (para eso está el TSE) sino “gobernar el país hasta el traspaso de mando”.

Esa estrategia discursiva se da en el marco de una violencia incremental en territorios de fuerte implantación del Movimiento Al Socialismo, que puede llevar a una mayor convulsión, amparada por un instrumento jurídico (Ley que regula el Estado de Excepción) que no sólo ata las manos a las fuerzas policiales y militares, sino que también crea una especie de incentivo o “seguro para la sedición” (indemnizaciones a quienes participen en confrontaciones y resulten afectados por la respuesta estatal).

Por supuesto, la convulsión podría ser un bluff para asustar y presionar por las elecciones apuradas en pleno pico de la pandemia, con el consiguiente ausentismo electoral, sobre todo en las zonas más afectadas por el contagio (que en su mayoría no benefician en intención de voto a los partidos de Morales y Mesa).

Pero la desestabilización también puede apuntar a dos escenarios: a) convulsión para llegar a una sucesión constitucional que ponga a un(a) senador(a) evista en la presidencia, para conducir el proceso electoral de manera favorable a su partido; b) una vez producida la sucesión, la ALP reconoce a Evo Morales como presidente electo en octubre del 2019, así como al Parlamento que surgiría de esos comicios viciados. De esta forma el MAS se asegura una amplia mayoría para los próximos cuatro o cinco años y el mesismo recibe cerca del 40% de las bancas (que no lograría en un nuevo proceso electoral). ¿Se explicarían así tantas coincidencias?

Lo cierto es que, en noviembre del año pasado, la hegemonía institucional del MAS perdió su núcleo (el Ejecutivo) pero no su periferia (Legislativo, Judicial y otros enclaves públicos estratégicos). Y el gobierno de Añez es, por ahora, un núcleo sin periferia. Hay una vieja hegemonía que no termina de irse y todavía no acaba de forjarse una nueva.

La lucha por la democratización del Estado está a medio hacer, y la conciencia de esta realidad debería servir para reorientar luchas y críticas en función de un criterio de unidad.

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