Arturo Yáñez Cortes

Aunque ya circularon informaciones y denuncias desde hace semanas, un video de Periodismo que cuenta sobre la situación de los pacientes sospechosos y contagiados del COVID19 aislados en la Villa Bolivariana de Sucre, ha disparado las alarmas sobre el debido respeto de sus DDHH y el rol de las autoridades a cargo. En el mismo, una servidora pública de la Policía que en cumplimiento de sus servicios (en nuestro favor) internada en ese centro con sus hijos menores de edad, implora ayuda junto con otros aislados: no disponen de agua caliente para asearse; estarían encerrados en sus habitaciones sin acceso a TV o internet; no tienen suficientes implementos de limpieza, asistencia por su condición y otros recursos indispensables, calificando al lugar como una “cueva”. Las autoridades del Gobierno Municipal intentaron justificar la situación, señalando que no se trata de un hotel 5 estrellas, admitiendo que la Villa no reúne mejores condiciones, al tratarse de un espacio readecuado por la emergencia.

Ante la gravedad de esas denuncias, el Colegio de Abogados de Chuquisaca ha contactado inmediatamente con el representante departamental del Defensor del Pueblo, para pedirle realice una inspección defensorial inmediata al lugar, la que nos explicó debiera realizarse hoy lunes, previa obtención de medidas de bioseguridad para su persona que ingresara. Además, la anterior semana pidió un requerimiento urgente de información al respecto, aun no respondido por los obligados.

Convengamos que los sospechosos o los positivos aislados en ese centro, constituyen de acuerdo con toda la legislación universal en la materia, personas en especial situación de vulnerabilidad, por lo que gozan de garantías reforzadas frente a los agentes estatales (SEDES, Gobiernos Municipales y Departamentales, etc) que, en ejercicio de sus legítimas atribuciones y a la vista del bien común (protección de la ciudadanía) han decidido tal aislamiento.

Decisión que por las circunstancias ampliamente conocidas limita sus derechos (locomoción, trabajo, reunión, etc) y los de sus familias, por lo que dada esa naturaleza restrictiva, debe cumplirse en el marco del Debido Proceso Substantivo, bajo criterios de legalidad, razonabilidad y estricta proporcionalidad (fines Vs resultados), lo que implica que sin obviar las posibilidades económicas del estado, dotarles de elementales condiciones de atención. Disponer de agua caliente, medios para mejorar su salud deteriorada o reducir su aislamiento (TV e internet) no es hoy incluso en Bolivia un lujo, sino una obligación estatal para quienes están aislados por decisiones estatales, por muy legítimas y necesarias que lo sean. Incluso, si la Villa ya colapsó por su capacidad, es una excelente oportunidad para aprovechar la capacidad instalada de la hotelería que también ingresó en colapso. No quiero ni pensar lo que estará ocurriendo en provincia, como lo denunció el CORREO DEL SUR, sobre la odisea que atravesaron adultos mayores en Huacareta.

Lo contrario, implica que el estado en vez de tratarles como pacientes o sospechosos en situación de especial vulnerabilidad con derecho a garantías reforzadas, podría estarles infligiendo tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes (prohibidos por la CPE y los IIII en DDHH) e incluso, mediando una condición de discriminación por situación de salud. Los DDHH de los aislados que no son castigados, están sujetos a cláusulas constitucionales y convencionales de progresividad, inviolabilidad e universalidad, por lo que los agentes estatales tienen obligación de promoverlos, protegerlos y respetarlos. MANDELA enseñó: “No puede juzgarse a una nación por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino por el trato dispensado a los más marginados”.

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