Carlos Federico Valverde B.

La cuarentena nacional, dinámica y condicionada, que estará vigente hasta el 30 de junio, es una medida desesperada para legalizar lo que ya había: gente en la calle, comerciantes en las aceras, transportistas que hacían sus pesos como si estuvieran ‘pasando ilegalmente’ en la frontera de Trump, amontonándolos en camiones frigoríficos, pero los de acá lo hacen para romper el imaginario límite entre La Paz y El Alto.

Dicen las encuestas (Ipsos) que hasta antes del descubierto negociado de los respiradores de “software desactualizado” y sobreprecio escandaloso, la gente entendía que la presidenta y su gobierno lo estaban haciendo “bien nomás”. Brújula Digital tituló: “Antes del caso respiradores, el 69% de la población calificaba positivamente a Añez, ahora su aprobación es del 46%”; es decir, la gestión perdió en cosa de 10 días 23 puntos. Eso lo siente y sabe la gente, lo siente y sabe también el gobierno que adopta la “cuarentena nacional, dinámica y condicionada”, buscando reforzarla con ‘una posión’ de decretos que vaya uno a saber si lograrán revertir el cuadro. La caída, desde mi punto de vista, sólo se podrá frenar si logran aclarar el negociado y, fundamentalmente, traer el resto del equipo debidamente acondicionado y con posibilidades de salvar vidas. Si no es así, no hay salvación política. En este mundo en el que estamos viviendo, cada uno depende de otros factores para salvarse; es decir, la salvación es, por tanto, colectiva y, como sociedad, no estamos haciendo lo debido para detener la pandemia, más allá de que la altura juegue a favor de los ciudadanos altiplánicos (no sólo había sido beneficiosa para el fútbol, el café y la quinua, sin el ánimo de generar polémica alguna).

Además de la “flexibilización”, hay un par de decretos al menos discutibles: el que posterga el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas con cierre al 31 de diciembre de 2019, sólo para la llamada categoría ‘Resto’ hasta el 31 de julio de 2020, con la posibilidad de pagar el 50% al 31 de julio y el saldo en tres cuotas (15-15-20) en los siguientes tres meses, sin intereses. La norma no incluye a los Grandes Contribuyentes; igual pasa con las postergaciones de los pagos de Capital e Intereses de los Créditos a los que adeudan menos de un millón de bolivianos, y uno se pregunta ¿acaso los Grandes Contribuyentes y los deudores de más esos montos estuvieron trabajando y moviendo sus economías de manera tal que beneficiarlos con el mismo tratamiento que a los más pequeños resulte un acto de inequidad?

No hay explicación para tales decisiones y, desde mi punto de vista, eso no es justo ni equitativo; la crisis afectó a todos y, si tienen que haber beneficios colaterales (porque no son directos, los créditos se difieren y se pagarán) debiera ser para todos.

El que se quema con leche ve una vaca y llora, dícese en el campo popular, y parece que tras el ‘affaire’ de los ventiladores/respiradores, en el Gobierno tienen temor de tomar iniciativas y distraen la solución de temas urgentes como la del hospital de Montero y la presidenta envía a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de emergencia que le permita tomar y ocupar de inmediato el hospital de tercer nivel de Montero; llega a tanto que dice: “Con su inmediata aprobación salvaremos vidas”, sin considerar que el Poder Ejecutivo no necesita de “esa aprobación”, si se repara que en la “exposición de motivos de la ley, se dice que el requerimiento de entrega está fundado en la situación de emergencia declarada por Decreto Supremo. Consecuentemente, si a través de DS se pudo hasta restringir (con todo derecho y responsabilidad) algunos los derechos fundamentales, como el de reunión, locomoción y otros, ahora resulta incoherente que no pueda recibir parcial y provisionalmente una obra y que se pida al Legislativo que sea éste el que lo haga, fundado en el decreto que declaró la emergencia. Se sabe que el contrato no acepta entregas parciales, pero en situaciones de emergencia tal situación es obligatoria.

Otro de los temas que no se entiende: se prohíbe el uso de vehículos particulares en la cuarentena condicionada, pero se acepta el transporte público, “guardando distancia social”; ¿no fuera más práctico permitir el uso de vehículos particulares para una o dos personas por vehículo, siempre y cuando vivan en la misma casa? El riesgo de contagio es cero, al menos en el vehículo, como lo es en la casa.

Uso de colegios como centros de atención, en el caso extremo, no es mala idea, pero están lejos de los centros de salud, que tienen patios donde se pueden construir refugios baratos y rápidamente (el proyecto Respira Bolivia, los ha diseñado y trabajó en detalle, no cuestan más de 20.000 dólares casa uno) y lo está ofreciendo sin costo a la Gobernación y Alcaldía cruceñas.

Como digo, la salvación es colectiva, no debieran cerrarse a las ideas que les acercan, lo menos que pueden hacer, es escucharlas. ¿Lo harán? Esto no da señales de terminarse pronto, no fuera malo ser más amplio en beneficio de todos.

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