Susana Seleme Antelo

Nadie sospechó que el 2020, el año gemelo que se oía y veía, fonética y gráficamente, tan galante, fuera lo que vive hoy el mundo, entre el distanciamiento social, el confinamiento, el temor/temblor económico y la incertidumbre. Todo junto y mezclado, a merced de un inquilino inesperado en el cuerpo humano: el COVID 19, endemoniado Corona virus, que hay muchos Coronas, pero este convertido en pandemia. Ningún país estaba preparado, a pesar de las alarmas que venían dando los que saben sobre patógenos, zoonosis y cambio climático. Tampoco lo previeron los sistemas de salud, ni siquiera los mejores.

Al calor del contagio global, su crecimiento exponencial y muchos fallecidos en la solitud absoluta, los más entre la tercera y la cuarta edad, se anuncia el fin del capitalismo, de la globalización, de la ‘chino dependencia’, o la aparición de escenarios distópicos, siempre autoritarios, del poder omnipresente que espía a todos los ciudadanos, convertidos en sus súbditos, y las ya habituales ‘noticias falsas’. Otra plaga.

Sin embargo, la vida continúa y continuará, con cambios, dado que “el cambio es la única constante” según afirma Yuval Noah Harari, en sus “21 lecciones para el siglo XXI”. Lo sabíamos desde Heráclito, pero es bueno recordarlo. Y siempre, después de cada crisis, que las ha habido, las hay y habrá, hay un antes y un después. Con pocos cambios o muchos, seguramente con dolor por las pérdidas en todo el mundo, a pesar de la pandemia el futuro se perfila aquí mismo, más tarde o más temprano. ¿Que nos deparará? ¿Cambiará el Sapiens su instinto de dominación?

Pensando en ese futuro, no olvido la acción política, de cara a las elecciones ya postergadas, como corresponde, por la emergencia del COVID 19. Por el momento la política eleccionaria está en ‘paro táctico’. El gobierno de la presidenta Jeanine Añez Chávez optó por la vida, primero, sin dejar de pensar en la economía, como dos caras de la misma moneda. Hace buena política en salud pública, que estaba en ruinas, y toma medidas con bonos de ayuda para los sectores sociales más desprotegidos, y otros para el sector empresarial, micro, mediano y grande, unos y otros golpeados por las duras medidas del confinamiento.

Sin perder el horizonte de la lucha contra la pandemia, hay temas estratégicos que las fuerzas democráticas debieran estar analizando, como el de las circunscripciones electorales en la cámara de diputados. Son 130 candidatos, seleccionados en tres tipos de listas. La primera está atada a las/los presidenciables. Son los 60 ‘plurinominales’. La segunda son 7 circunscripciones indígenas, ubicadas en zonas rurales. La tercera comprende los restantes 63 parlamentarios llamados uninominales. A diferencia de las dos categorías anteriores, los ‘unis’ aparecen con foto y nombre en la papeleta electoral, en representación de su circunscripción.

El intríngulis o el fraude

¿En que estriba? En que el ‘ex’, Evo Morales y su partido, el MAS, mandaron al mismísimo carajo la premisa democrática de igualdad electoral: cada ciudadano/ciudadana equivale a un voto, independientemente de dónde viva. Así, de las 63 circunscripciones ‘unis’, solo 27 son urbanas, cuando esta población representa el 67.5% del total de habitantes del país, y 43 son rurales, incluyendo las siete especiales indígenas, que comprenden solo 32.5% de población, según datos del INE, a partir del censo de 2012. Es decir, la población rural, que es un tercio, está sobre representada, y la urbana, que responde a un fenómeno global de concentración en las ciudades, está disminuida.

Se habla, en estos casos, de sobre representación fraudulenta, pues ahí está el origen de los 2/3 del Congreso de los que gozó el cocalero Morales, los casi 14 años de su mandato. Todo para garantizar el poder total.

El ex diputado y hoy asilado político, Guido Añez M., lo llama ‘fraude sistémico’, es decir, “que se comete desde el corazón del sistema mismo, al amparo del marco normativo”. Para el periodista Humberto Vacaflor G, se trata de un ‘fraude escondido’.

Hasta octubre de 2013, le correspondía a la Corte Nacional Electoral la delimitación de las circunscripciones electorales. A partir de la ley 421, de 7 de octubre de ese año, se pasó al Órgano Legislativo la administración político-territorial de las uninominales, ampliando la representatividad de las rurales en desmedro de las urbanas. Para el abogado José Carlos Sánchez V., las zonas urbanas, con sus 67.5% habitantes debieran tener 52 diputados uninominales, y a las rurales, incluidas las especiales, con su 32,5% de población, les corresponderían solo 25 diputados uninominales, no los 43 que tiene hoy merced al fraude sistémico.

Además de ese fraude, ya no escondido porque salta a la vista, el ‘ex’, hoy huido y refugiado Morales, rompió la regla clásica de la representación territorial para senadores, y le agregó una variable porcentual. Otro fraude. Con ello, se garantizó, como apunta Guido Añez, “tener presencia nacional en el Senado, aun siendo tercera o cuarta fuerza política en un departamento”. Siempre tras el poder total, disimulado en una democracia meramente electorera, para legitimarse, a pesar del fraude.

En esas condiciones fuimos a las pasadas elecciones de octubre de 2019. Según los datos del último conteo rápido, del mismo 19 de octubre, el partido del cocalero, el MAS, con algo más de un tercio de votos alcanzaba mayoría simple en ambas cámaras. Con el fraude montado luego, denunciado y corroborado por la OEA y la Unión Europea, lograba la mayoría absoluta.

Nada ha cambiado para las próximas elecciones, cuando quiera que se realicen.

Asumimos que este crucial tema está atado a la ley 421 y a los 2/3 del Congreso en manos del MAS. No obstante, el periodista Vacaflor ha dado pautas muy precisas sobre cómo encarar el intríngulis, porque hay jurisprudencia. Y porque, como decía Hannah Arendt, “cuando se presenta una oportunidad única de acción política, las vacilaciones pueden ser fatales”. Ojalá que las fuerzas políticas democráticas no vacilen en el cambio que exige la racionalidad democrática. Y que tampoco se les nuble la razón política.

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