Carlos Federico Valverde B.

Otra vez el sindicato, la federación, otra vez el poder muy localizado se expresa de la peor (mejor) manera: demostrándole al Estado que ahí, en ese lugar, no vale la Policía del Estado, no valen las leyes del Estado, salvo que pidan permiso y “concerten” con las bases “hasta dónde” van a hacer…

Hace más de 20 años, Evo Morales y la dirigencia cocalera prepararon un plan para mantener y sostener el poder en la zona del trópico cochabambino; lo idearon pensando en el poder electoral, ese que ejercieron a placer 14 años a nivel nacional y antes, en la zona, en municipios y, al mismo tiempo, trabajaron desde el poder otro plan, por si dejaban el Gobierno. Ese segundo plan es el que está desarrollándose en este momento: no tienen el Gobierno nacional, pero tienen el territorio, tienen el poder local por el convencimiento de las bases cocaleras y por el miedo de los demás pobladores, agricultores y campesinos no cocaleros, que también viven en la zona, cuya opinión acerca de lo que los cocaleros (federaciones y sindicatos) hagan, hoy no es relevante.

Este segundo plan es mucho más radical que el de mantener el poder que perdieron por sus deméritos y el fraude; es de supervivencia, siguen teniendo coca, territorio y cocaína; consecuentemente, el poder es local y es mucho más radical que cuando estaban el Gobierno. Hace meses, desde que se fue Morales, que el Estado no logra control sobre la zona y eso no se da, no porque el Gobierno haya decidido retirarse momentáneamente “por prudencia” a fin de evitar mayores conflictos. No, eso no es así: la realidad es que el Estado no está presente con su fuerza coercitiva, con su fuerza legal porque los cocaleros los expulsaron del lugar hace como 5 meses.

Otra vez lo mismo, pero peor. El Gobierno trasladó policías al lugar, concretamente a Shinaota, para controlar el cumplimiento de la cuarentena un día antes de su expulsión. Pues ese traslado molestó a los cocaleros que advirtieron públicamente que los iban a echar; el Poder cocalero advirtió que no se iba a permitir que la Policía actúe en la zona sin conversar con ellos; es decir, en Chapare se exigió que se les diga lo que se iba a hacer y que se pida permiso para vigilar el cumplimiento de la norma nacional, es decir, para actuar en concordancia con lo que hace desde hace más de 20 días en el resto del país.

Palabra y advertencia cumplida: los policías fueron agredidos de palabra y hecho y expulsados vergonzosamente del lugar, el argumento del Poder Cocalero, de esa especie de territorio libre en el centro del país, fue que la Policía no había coordinado con los cocaleros y con los militares (¿?). “Estábamos organizados con las FFAA, aseguró Loza; la expulsión fue por falta de coordinación” (¿queda claro?)

A propósito de esto último, sobre los militares: su presencia en el lugar resulta muy sugestiva: queda claro, por lo dicho por los cocaleros, que ellos coordinan sus acciones con la dirigencia sindical; podemos colegir que seguramente dan “parte” al mando o a los ministerios respectivos, situación “sui géneris” (única en su género) y que se convierte en exclusiva en el país: parece que en Chapare el cumplimiento de alguna parte de la ley nacional se negocia con las federaciones y así todos mantienen una especie de calma que menoscaba el control del Estado de ese territorio, me pregunto si eso intenta ser replicado en el resto del país, ¿el Estado lo permitirá? Porque acá no se trata de “autonomía”, se trata de un poder fáctico que se ejerce con violencia y se hace alarde de él. Si no fuera así, habría que girar la mirada a lo que hace la bancada del MAS desde el Parlamento, apoyando a los cocaleros y exigiendo, de alguna manera, que el Ministerio de Gobierno se siente con el poder cocalero a negociar los términos de su presencia en el lugar, previo anuncio de interpelación.

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