Arturo Yáñez Cortes

A juzgar por la sistemática cantidad de denuncias por delitos que, sin exagerar, prácticamente a diario se multiplican contra servidores públicos del régimen expulsado por la insurrección de las pititas, no resulta extraño indagarse si es que no estábamos ante una megaorganización criminal que secuestró al Estado durante esos largos años, poniendo nuestros recursos y bienes públicos no solo a su servicio privado, sino al de una estructura cuasi mafiosa: “El poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente”, enseña la fabulosa sentencia de Lord Acton.

Aunque durante aquellos tiempos, la reinante corrupción no solo era un secreto a voces sino desfilaba cínicamente ante nuestras barbas. Por ejemplo, recuerden el uso como taxi del avión presidencial para menesteres privados y/o partidarios; el evo channel para transmitir los ridículos partidos de fútbol de su jefazo, o el despilfarro de recursos públicos en propaganda orientada al culto de su personalidad, sin contar el Museo al Ego, su palacio, etc. Hoy, recuperada en alguna medida la institucionalidad, se confirma eso que donde pones el dedo, salta el pus. ¿Qué hizo la justicia?

En un futuro no muy lejano, principalmente el Ministerio Público como titular de la acción penal pública y de la investigación de los delitos públicos, tendrá a través de sus altos cargos rendir cuentas de lo que hicieron, no hicieron y como lo hicieron durante aquella larga noche de la tiranía: caso 24 de Mayo, Masacre de las Américas, La Calancha, Terrorismo y una laaarga lista de hechos en los que o no investigaron, encubrieron o torcieron los hechos y la investigación al extremo de perseguir a quienes alguno de sus amos les ordenó hacerlo, todo sin el menor vestigio de objetividad y peor del debido proceso.

Por ello, aunque suene a una de Perogrullo, hoy más que nunca es absolutamente determinante que la administración de justicia recupere su rol institucional para contener esas estructuras absolutamente anegadas de corrupción y hacer justicia asegurando a todos el debido proceso, huyendo de la burda venganza que la usa instrumentalmente. Recurriendo a la seguramente más célebre idea de justicia de Ulpiano: “Dar a cada uno lo suyo”, no hace falta ser un experto jurista para concluir que la plurinacional fracasó demostrablemente en su razón de ser, al extremo que, más bien, cayó hasta en lo obsceno al fabricarle el “derecho humano” de su jefazo para eternizarse en el poder.

Hoy, toda esa reciente historia fétida propia de aquellos juristas del horror, debe servir para que a la vista de las circunstancias y ante la avalancha de denuncias de corrupción, muchas evidentes y otras bastante forzadas, pueda recuperarse la demolida institucionalidad de la administración de justicia boliviana, huyendo de seguir convertida en una trituradora de los opositores de turno y al servicio del que gobierna: ¿Será posible en las actuales circunstancias?

Convengamos en que existen muchos factores que la ponen muy pero muy difícil. Para empezar, todos los altos cargos –Fiscalía General; Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura– continúan en poder de operadores partidarios del régimen huido disfrazados de magistrados o fiscales, con abultadas facturas por pagar o con colas de tal envergadura, que les ponen en extrema fragilidad; muchos, dependiendo del fusible a sacrificar, siempre adictos al proceso de cambio (el anterior o ahora, el suyo), están equilibrándose entre sus obligaciones legales y funcionales, y sus (anteriores) compromisos partidarios. Hoy, más que nunca, surgen las facturas a ser pagadas por sus indebidas designaciones, aunque su espinazo tiembla ante lo que les espera en el futuro próximo, ante la evidencia del poco probable retorno de su jefazo y la inminencia de su inexorable rendición de cuentas.

Pese a todo ese panorama bastante negativo, que incluye rotundos giros de un extremo al otro –“Cuando los jueces no obedecen las leyes, sino a los hombres, se comportan como los perros de presa. En el momento en que la correa cambia de manos, atacan a los antiguos amos”, Montaner, dixit– insisto en que la administración de justicia tiene ante sí el monumental desafío y la fabulosa oportunidad para evitar hacer oídos al sentido de revancha que asoma en muchos casos y hacer justicia en cada caso concreto. Es tiempo de la justicia, no de la venganza, y la justicia debe constituirse en el dique que contenga aquellas pulsiones revanchistas, otorgando el debido proceso a todos sin considerar ninguna condición que pueda distorsionar su rol garantista. Hacer lo contrario dará fundamento a quienes repiten aquello de la “persecución política” y estaremos condenando a nuestro país a que siga siendo el de la eterna injusticia: “El Derecho que no lucha contra la injusticia, se niega a sí mismo”. Von Ihering

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