Emilio Martínez Cardona

Este domingo 1º de marzo Luis Lacalle Pou asume la presidencia de Uruguay, al frente de una alianza multipartidista denominada como la “coalición multicolor”, que reúne a los dos partidos fundacionales del país (el Blanco o Nacional y el Colorado) y a otras tres fuerzas de creación más reciente (Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente).

Mediante este cambio de administración seguirá reconfigurándose el balance geopolítico regional, con el desplazamiento del poder del Frente Amplio, bloque de izquierda otrora moderado y últimamente hegemonizado por ex tupamaros y comunistas (80% de su bancada parlamentaria).

La conversión de signo en Montevideo implicará un aliado menos para el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que había recuperado posiciones con México, Argentina y España. Y aunque es previsible que las posturas a asumir por Lacalle se enmarquen en la tradicional prudencia diplomática uruguaya, también es de esperar que retomen el principismo democrático algo devaluado bajo la ambigua influencia ejercida por José Mujica, ya fuera desde la presidencia de la república o desde el liderazgo partidario.

Lo cierto es que, aunque tuvieran un perfil más bajo que el alcanzado en otros países, las redes del “petropoder” venezolano también se extendieron en Uruguay bajo el Frente Amplio, generando elefantes blancos como el de la fallida regasificadora en el Río de la Plata. Influencia económica que, con mayor o menor sutileza, venía asociada a cierta carga de presión política.

Entre las herencias negativas dejadas por la década y media de gobiernos frenteamplistas hay que remarcar dos en especial: 1) la crónica inseguridad ciudadana, ligada a una mal entendida tolerancia por las “causas sociales” del crimen, y 2) la baja en la calidad educativa de primaria y secundaria, reflejada en las últimas pruebas PISA; fenómeno donde hay que incluir el adoctrinamiento ideológico que llevó a poner el rostro del Che Guevara en la tapa de los textos de ciencias sociales.

Volviendo al campo internacional, es probable que desde marzo veamos a la cancillería uruguaya secundando los lineamientos de Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos, en pos de la redemocratización de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Para Bolivia, el cambio en Uruguay representará la incorporación de un aliado al proceso de consolidación de la democracia, en clara contraposición con el rol de zapa asumido por los factores K dentro del gobierno de Alberto Fernández. Y más allá de los vaivenes político-partidarios, la vía uruguaya es una alternativa inmejorable para la salida boliviana al Océano Atlántico, siguiendo el “camino de las aguas” (fluviales) del que hablaba el célebre Memorándum cruceño de 1904.

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