Luis Christian Rivas Salazar

Desde que Gustave de Molinari en La producción de seguridad, pensaba en base a los argumentos del mercado libre, si todos los bienes y servicios deben ser ofrecidos por personas particulares, preguntándose: ¿por qué no también los servicios de protección?, intelectuales como Hans-Hermann Hoppe, diría que es peligroso dar monopolio del poder sobre el uso de la fuerza al Estado, porque luego, nada evita que uno sea víctima del abuso del gobierno de turno.

La seguridad pública, sea la Policía o las Fuerzas Armadas, unida a la noción de democracia como una forma meramente cuantitativa, permite que se imponga la mayoría sobre la minoría, dando paso a las ideologías y propuestas más estúpidas, así son los regímenes autocráticos modernos.

Entonces, nos dice Hans-Hermann Hoppe que la seguridad pública no tiene mucho que ver con la protección de la vida y propiedad privada, sino en la ejecución mediante el uso del monopolio de la violencia de la moralidad de los gobernantes de turno y su visión económica, en algún momento de la historia, algún político estatista se le ocurrió imponer la visión del proteccionismo económico, entonces, el comerciante paso a ser contrabandista, estos se defienden, entonces, la “solución” son los “salvadores” que causaron el problema, así tenemos militares ufanándose de cuantos camiones con mercadería han quemado al año.

Pero estos cuerpos de seguridad pública son demasiado caros para un país pobre, sus sueldos se privilegian sobre los maestros o médicos en la función pública, incluso piden jubilación superior a los demás sectores, sus salarios están acordes con la inflación, sus sueldos suben como suben los precios de los productos, mientras que en escenarios de inflación la producción baja, empresarios y contribuyentes no pueden costear una seguridad cara, los salarios de la seguridad pública aumentan pero no aumenta la productividad, este es un alto precio para los contribuyentes. Policías y militares son sectores improductivos, pero los gobernantes de turno tienen el interés de tenerlos contentos, por votos, sumisión, subordinación y fidelidad.

En este sector, se carece de incentivos para brindar el servicio de manera eficiente y eficaz, tienen un sueldo, y protejan o no a la sociedad seguirán gozando de lo mismo, ¿para que arriesgar la vida?, por eso, pueden estar acuartelados dieciocho días mientras el país se desangra, porque no hay motivación, lo mismo, pueden actuar en contra de los preceptos morales, robando en confiscaciones de mercaderías o matando inocentes, aliándose a los delincuentes por ser más lucrativo.

Pero la seguridad privada protege la vida y la propiedad privada, la empresa aseguradora tiene un contrato privado, invariable, claro y de cumplimiento obligatorio, cuyo incumplimiento acarrea un pago de indemnización y resarcimiento de daños y perjuicios, que no se realiza en la seguridad pública.

Existen incentivos, no sólo económicos, porque los precios, se ajustan al mercado y competencia, se nos entrega calidad, eficiencia, eficacia y precios baratos, hay un prestigio, en economías de escala, mientras más usuarios se tenga más se crece, estos incentivos significan innovación, usar dispositivos y tecnología de punta para cumplir con los objetivos, hay una colaboración sin fronteras entre agencias privadas por un interés común de seguridad, cuyas actuaciones son compatibles con la libertad, acordes con los Diez mandamientos, seguridad privada es riqueza y prosperidad para los individuos y las empresas.

Dejar de pagar fuertes impuestos por seguridad pública para contratar agencias de seguridad privada y aseguradoras, provocará que las acciones de los individuos, empresas y políticos sean más responsables, los colectivos se autodisciplinan por las fuertes sumas en primas, pago de indemnizaciones, daños y perjuicios que pueden ocasionar al incendiar bienes públicos y privados, los autoritarios dejaran de promover terrorismo, alzamientos armados, vandalismo, robo, saqueo y muerte, porque estuvieran sujetos a pagar y satisfacer a las víctimas, cada político que genere odio y violencia sería un sujeto que deba pagar fuertes sumas. Las empresas privadas serían retribuidas por su productividad, así se defiende la vida y propiedad privada.

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