El Lava Jato y la continuidad de esquemas entre los gobiernos de Mesa y Morales

Emilio Martínez Cardona

Durante la administración de Carlos Mesa (2003-2005), a pesar de una investigación parlamentaria multipartidista y de haber recibido cartas directas en la presidencia y en la delegación anticorrupción, se ignoraron importantes indicios de irregularidades en relación a la ejecución del contrato con la empresa brasileña Queiroz Galvao (una de las compañías relacionadas al escándalo del Lava Jato) para la construcción de la carretera Tarija-Potosí. Particularmente, respecto a presuntos vínculos antiéticos con la empresa encargada de la supervisión de la obra, Noronha.

Ya en el gobierno de Evo Morales, el contrato fue traspasado a la OAS (otra empresa del Lava Jato) bajo influencias del entonces mandatario brasileño Lula da Silva, mientras que la investigación sobre los vínculos Queiroz Galvao-Noronha quedaba archivada.

En los párrafos siguientes repasamos los datos principales de esa investigación, aparentemente truncada por una continuidad de esquemas entre ambas administraciones gubernamentales.

Antecedentes

En noviembre de 2003, a poco de constituido, el gobierno de Mesa suscribió un contrato con Queiroz Galvao en un acto reservado en el Palacio Quemado, para la construcción de la citada carretera y con un presupuesto total de 180 millones de dólares. El día 20 de ese mes, una nota de la Agencia de Noticias Fides (ANF) indicaba que el “Proyecto Potosí-Tarija tendrá un sobreprecio de 11 millones de dólares”.

Supervisión de la obra

En el primer semestre del 2004 tuvo lugar la licitación para adjudicar la supervisión de la obra. El 25 de mayo se abrió el sobre A y el 11 de junio se procedió a la apertura del sobre B, dándose a conocer que la mayor calificación (86 puntos) fue para Ecoplan-Noronha, que se adjudicó la supervisión con un presupuesto de 10.758.080 dólares.

El 14 de junio, el Comité Cívico de Tarija envió una carta a la presidencia del Servicio Nacional de Caminos (SNC) alertando sobre los problemas financieros de Noronha, que de acuerdo a información del SERASA del Brasil se encontraba en estado de default y con una alta calificación de riesgo.

A partir de entonces, varios parlamentarios abrieron una investigación sobre el tema: los diputados Soledad Guerra (MNR), Wilson Magne (NFR) y Santos Ramírez (MAS), y los senadores Hugo Carvajal (MIR) y Oscar Zamora (FRI). La hipótesis en torno a la cual giraba la investigación era que Noronha sería una empresa virtualmente fantasma, traída a Bolivia por Queiroz Galvao.

Cartas a Mesa, Cajías y Galindo

El 26 de julio, otra de las empresas que había participado en la licitación, Engevix, envió cartas al presidente Carlos Mesa, la delegada anticorrupción Lupe Cajías y el ministro de la presidencia, José Galindo, advirtiendo sobre vínculos antiéticos entre Noronha y Queiroz Galvao, dando a conocer un extracto obtenido a requerimiento fiscal donde constaban más de 200 llamadas entre responsables de esas empresas. El 28 de julio, el diputado Magne también hizo llegar información similar a la presidencia de la república. Sin embargo, no se tomaron medidas al respecto.

Margen para irregularidades

¿Cuál era la gravedad del tema? Por una parte, controlar la supervisión de la obra le daría margen a Queiroz Galvao para incrementar su presupuesto en hasta 22 millones de dólares mediante órdenes de cambio. Por otra parte, tendría mayor flexibilidad para la calidad de la construcción, abaratando costos. Esto último quedó en evidencia en el año 2007, cuando se constataron grandes falencias en la carretera, como rajaduras en el pavimento por la construcción con agregados de mala calidad.

Documentación adjunta

En los archivos que adjuntamos a continuación (28 páginas) puede verse una relación más detallada sobre la debilidad financiera de Noronha, los flujos de llamadas, las cartas al presidente y otros altos funcionarios, y la documentación de la investigación parlamentaria.

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