Emilio Martínez Cardona

Desde Argentina se ha popularizado la expresión de “la grieta” para definir a una disyuntiva que separa, por un lado, a las fuerzas políticas vinculadas al corrupto periodo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y, por otra parte, a las que giran en torno a la actual administración de Mauricio Macri.

En Bolivia, hablar de la grieta tiene una complejidad adicional, toda vez que el candidato primero-ilegal y el segundo-semioficialista son parte de un mismo bloque hegemónico. La relativa competencia es por quién tendrá la centralidad y quién cumplirá el rol de acompañante en el bloque, pero no está en discusión que sigan juntos en el modelo de Estado centralista y dirigista, incluso articulando los 2/3 en el Parlamento mediante algún tipo de acuerdo de coalición o gobernabilidad.

Siguiendo la comparación con Argentina, es como si los Fernández (Cristina y Alberto) se hubiesen desdoblado en una operación de pinzas, sometiendo al electorado a una coerción casi extorsiva para elegir sólo entre “los únicos”.

En cambio, la verdadera grieta boliviana es la que divide a los beneficiarios del orden cleptocrático vigente y a quienes están dispuestos a desmontarlo. A los receptores de contratos directos millonarios y a quienes viven de su propio trabajo y emprendimiento.

Es, ciertamente, una coyuntura que requiere discernimiento para comprender que la dicotomía real es entre corrupción y transparencia, y no entre las pinzas de una falsa polarización entre asociados.

La grieta boliviana también está relacionada con el modelo de Estado, como indicábamos antes, con un polo representado por quienes han buscado retener el poder concentrado en el nivel central, ya fuera en el periodo 2003-2005 o en el 2006-2019; y con el otro polo encarnado por los que buscan alternativas descentralizadoras, que van desde una profundización de la autonomía hasta el federalismo.

Esta segunda versión de la grieta no es independiente de la primera, existiendo una clara ligazón entre corrupción y centralismo, entre discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos e hiper-poder presidencial.

Ya en 1871, el ideólogo cochabambino del federalismo, Lucas Mendoza de la Tapia, señalaba al unitarismo (centralismo) como “la corrupción institucional y el origen de las tiranías”, según citaba días atrás en su columna de opinión el politólogo Jorge Márquez Meruvia.

La consabida “mamadera” está en ese 85% de los recursos públicos que se manejan en el gobierno central y las empresas estatales, y aunque la corrupción existe en las entidades subnacionales, también es cierto que es más fácil detectarla y sancionarla en estos niveles.

Tal vez, volviendo a las comparaciones con el caso argentino, tras la caída de la cleptocracia comprobaremos que todo tenía un 40% de sobreprecio, incluyendo a cierto museo dedicado al culto a la personalidad.

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