Arturo Yáñez Cortes

El sensible accidente de tránsito que se cobró la vida de 2 periodistas e hirió a otras 4 incluyendo al chofer de uno de los vehículos, ha destapado por fin algo mucho más siniestro: sus condiciones de trabajo y, otra vez más, la miserable actitud de quienes detentan el poder y se sienten dueños de vidas, haciendas y conciencias.

Las iniciales investigaciones y decisiones asumidas en el proceso penal en curso, parecen dejar más dudas que certezas: ¿En qué condiciones estaban siendo trasladados esos trabajadores? ¿Realmente viajaban dentro de la camioneta o fuera, en su carrocería? ¿Quién decidió sea así? ¿Fueron en alguna medida presionados por afines al trucho gobernador para cubrir esas actividades y en tales condiciones? ¿Esa es una práctica usual en el medio en relación con los periodistas freelancers? Y, será que por todo ello, Tránsito y la Fiscalía darán con la verdad real de lo ocurrido? ¿O se están limitando a lo obvio: los dos choferes involucrados y el resto, bien gracias? ¿Dará la talla esta vez por fin, la justicia?

El tema no es tan simple como parece, pues según Correo del Sur cerca del 80% de los periodistas de Sucre son productores independientes de noticieros, revistas informativas y otros, alquilando espacios en emisoras radiales y televisivas, firmando contratos con instituciones públicas que les condicionan directa o sutilmente con cláusulas como: “El proveedor se compromete a asistir a talleres o conferencias de prensa requeridas por la entidad”.

Al respecto, es un secreto a voces que en la Capital existe una lista negra de proscritos para recibir cobertura o por lo menos limitarla significativamente, además de huir de tocarles ciertos “temas picantes”. Me han contado además, que esos contratos suelen ser pagados con sumo retardo y en la medida de “los buenos servicios prestados” lo que implica cero críticas y mucha condescendencia o por lo menos hacerse a los del otro viernes con los dislates oficialistas, etc.

Sin embargo, la CPE señala que uno de nuestros derechos civiles consiste en acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva y, en la vía del control de convencionalidad –el legítimo, no el trucho que le meten no más los juristas del horror oficialistas- la Convención Americana de DDHH prevé sobre nuestra garantía de libertad de pensamiento y opinión, que le está prohibido al estado restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, frecuencias radioeléctricas o aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones.

Su Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión (2000) precisa que esa libertad en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

Puntualiza que los condicionamientos previos, como veracidad, oportunidad o imparcialidad por los estados, son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión y que la utilización del poder del estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley.

Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente, presiones directas o indirectas para silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales, son incompatibles con esa libertad fundamental ciudadana. Por ello, DWORKIN dijo: “La libertad de expresión es una condición de Gobierno legítimo”.

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