Emilio Martínez Cardona

De acuerdo al estudio “Problemas de Latinoamérica y desempeño de sus gobiernos”, publicado por la consultora Ipsos en mayo de este año, la principal dificultad en la región sería la corrupción, al punto que el tema fue priorizado por el 31% de los 448 líderes de opinión encuestados en 14 países.

En el caso de Bolivia, la corrupción también es puesta en el primer lugar de preocupación (49%), muy por encima de la combinación entre inseguridad, crimen y narcotráfico que ocupa el segundo puesto (16%).

Un informe anterior, presentado en abril del 2018 por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), titulado “La corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales”, señalaba la importancia de “luchar contra la corrupción y la impunidad para reforzar la gobernabilidad democrática en las Américas”, indicando además que la corrupción impide que los gobiernos maximicen los recursos disponibles para el acceso a salud y educación.

El estudio de la FIDH detalla cuán crucial es la lucha contra la corrupción para el fortalecimiento de la institucionalidad republicana o su recuperación plena, algo que debería llevar a ciertas reflexiones claves en Bolivia.

Aunque pueda argumentarse que el problema siempre ha existido, lo cierto es que se registró un relevante agravamiento en los últimos 16 años, con lo que podríamos denominar la “Cleptocracia del Siglo XXI”: el esquema internacional de corrupción que comenzó a montarse a partir del ascenso a la presidencia del Brasil de Lula da Silva, en enero de 2003.

Hacia fines de ese mismo año se inició el desembarco en territorio boliviano de las empresas vinculadas al Lava Jato, comenzando por Queiroz Galvao y siguiendo por Camargo Correa, Odebrecht y OAS.

Con la “Cleptocracia del Siglo XXI” llegó un modus operandi de sobornos millonarios que paulatinamente se fue extendiendo a empresas de otros orígenes, en el marco de un sistema de discrecionalidad basado en contrataciones directas.

Tanto la cronología como revelaciones más recientes evidencian que el problema no sólo atañe al oficialismo actual, sino también a la administración gubernamental del 2003 al 2005, algunos de cuyos actores volvieron a beneficiarse en el periodo 2013-2018 de adjudicaciones sin licitación como la del Museo de Orinoca.

Es curioso que quienes fueron socios en esa metodología cleptocrática ahora busquen presentarse –tardíamente- como una supuesta opción opositora.

Lo cierto es que, como indicaba el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la lucha por la democracia está ligada indisolublemente al combate contra el enriquecimiento ilícito, que genera estructuras autoritarias y centralistas para concentrar poder y blindarse de impunidad.

El arma democrática para desmontar estas estructuras (muchas veces bifrontes) es el voto popular, que puede generar una auténtica rebelión contra la corrupción.

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