Arturo Yáñez Cortes

El proceso contra el Estado boliviano ante la Comisión IDH avanza inexorablemente y, todo indica que aunque sea tarde, se hará nomás justicia y que el régimen acabara condenado por sus violaciones a DDHH y que sus thanta “mariscales” (impunes, por el momento) deberán rendir cuentas allá donde no pueden controlar prostituyendo operadores.

Acaba de saberse que respondió la denuncia formulada por el diputado chuquisaqueño Horacio Poppe y que entre sus señalamientos, indica –aunque le parezca increíble– que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tendría competencia en razón de la materia para conocer la denuncia, que la masacre habría sido propiciada por nuestro Comité Interinstitucional, que no se habría individualizado de manera concreta a las víctimas –tres asesinados y aproximadamente 400 heridos– e hizo la clásica invocación del no agotamiento de recursos internos.

Si bien puede caber una discusión respecto del Derecho Internacional Humanitario, los luctuosos hechos ampliamente conocidos por todos revisten una naturaleza incontrovertible de sistemática violación de DDHH de las víctimas mortales y sus familias, así como de cientos de heridos: ¿Conoce usted algún asesino que haya sido siquiera juzgado y peor condenado aquí por la “justicia” boliviana? No sólo eso, hoy mismo el régimen aun regodea su asquerosa impunidad mediante su binomio trucho: ¿La masacre pudo haberse cometido sin que ellos lo consintieran enviando a sus milicias y policías? ¿A quiénes benefició la masacre perpetrada? Incluso hoy, sus directos ejecutores aún gozan de las mieles del poder, desempeñando impunemente altos cargos como ministros, viceministros, etc. De los heridos, entre los más graves, hoy vemos a uno de los héroes pedir, sencillamente, limosna para el reemplazo de su prótesis. ¿No es todo eso una grosera violación de DDHH?

Sobre la competencia de la CIDH para conocer esos hechos, más allá de comprender su simple denominación y naturaleza, que alguien explique a los representantes del régimen que la CADH –prostituida por sus MASistrados para imponer su inconstitucional candidatura– ordena que ni siquiera en caso de guerra o peligro público podían suspenderse la vigencia de las garantías de ius cogens (inderogables) referidas a la vida y la integridad personal, ni de las garantías judiciales indispensables para su protección.
¿Que fue propiciada por nuestro Comité? Ese señalamiento, más bien parece una confesión de parte, pues como acaba de verse, aun en caso de guerra o peligro público, esas obligaciones estatales para con sus ciudadanos, no están autorizadas para ser suspendidas, precisamente por ser inderogables al estar vinculadas con el respeto de los mayores bienes del mundo civilizado: la vida e integridad personal, además del debido proceso.

Sobre la falta de individualización de las víctimas, más allá de lo evidente de los tres muertos y aproximadamente 400 heridos, es incontrovertible que la denuncia ante la CIDH fue formulada de forma concreta en representación de David Soliz Soria y Juan Carlos Saavedra (heridos graves), además de los asesinados Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo. Pamplinas entonces.

Finalmente, sobre el no agotamiento de recursos internos. Más allá de que es la clásica postura que asumen todos los Estados denunciados, queda claro que la denuncia se ampara en el art. 46.2 de la CADH que permite hacerlo, cuando entre otros motivos, haya retardo injustificado en la resolución de los recursos internos: ¿Hace cuantos años que el caso La Calancha está en la Asamblea Legislativa durmiendo el sueño de los injustos? ¿Existe algún tribunal independiente o fiscal objetivo en Bolivia que pueda procesar ese caso? Las respuestas se caen de maduras y muestran que los representantes del régimen están phajpakeando ante la CIDH: “Un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores” Tolstói.

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