Emilio Martínez Cardona

La oligarquía centralista ayudó a Evo Morales a subir al poder para que bloqueara los impulsos autonomistas en el oriente y sur del país. Pero en los últimos dos años, esa misma élite tradicional lanzó un candidato propio que tiene el cometido de negociar un nuevo cogobierno con el Movimiento Al Socialismo, que refuerce el dominio centralista y la concentración de recursos económicos en tiempos de disminución de la renta gasífera.

Si se lee entre líneas el programa de Comunidad Ciudadana, que incluye una nueva ley de hidrocarburos, y se tiene en cuenta la animadversión de Carlos Mesa hacia el legado de Hormando Vaca Diez, sumando además sus tanteos para un cambio de estatus en el campo de Incahuasi, se deduce que se planea una absorción del IDH en el nivel central.

El borrador de acuerdo incluiría como contrapartida un marco jurídico aún más flexible para la producción cocalera del Chapare, verdadero trasfondo detrás de la propuesta de “abrir el debate” sobre la despenalización de las drogas.

El proyecto de cogobierno comenzó a esbozarse en febrero de 2018, en una reunión realizada en Achumani entre cierto vicepresidente de mala aritmética y un fallido ex mandatario. La idea era que, ante la pérdida del MAS del electorado de izquierda urbana de clase media, este segmento social sería rearticulado por un segundo partido de discurso “ciudadano”, que manipularía banderas del neomarxismo cultural, cooptando primero y destruyendo después a las plataformas.

Posteriormente, las dos izquierdas (la provincial-populista y la citadina-intelectual) se sumarían en el Parlamento para reconstruir los 2/3 y el bloque hegemónico, en un cogobierno entre masismo A y B, en cualquiera de los dos órdenes posibles.

Para ese objetivo, recientemente se vio desde el masismo light que sería útil una re-estigmatización de Santa Cruz, acusando de manera generalizada a sus sectores productivos por los acuerdos puntuales que realizaron unos cuantos “empresarios amigos” del gobierno, o achacándoles los desastres ambientales en realidad provocados por la colonización de la segunda reforma agraria de Morales.

Esto tendría el cometido de aislar a la burguesía cruceña, reduciendo su capacidad de articulación con otras regiones y evitando la irradiación nacional de un proyecto político propio.

Adicionalmente, los actores del Pacto de Achumani buscarían la división en Santa Cruz, para facilitarle al MAS instalarse como primera fuerza departamental y proceder en las elecciones del 2020 a un copamiento de gobiernos subnacionales, de forma directa o a través de testaferros.

Se trata de un esquema de realpolitik despiadada, donde juegan un lector empedernido de “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo y un admirador del intrigante Casimiro Olañeta (quien fuera realista e independentista de manera simultánea). Quedan poco más de treinta días para sacarse la venda de los ojos.

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