Luis Christian Rivas Salazar

El 22 de agosto del presente año, por las ondas de radio Panamericana en el programa Micrófono Abierto, fue entrevistado Samuel Montaño Salcedo, analista en temas de seguridad, que al ser preguntado sobre el incendio en la Chiquitania manifestaba que la reacción del Gobierno fue tardía, se dejó consumir 600 mil hectáreas para contratar el Supertanker. Mientras que Chile, el año 2016, al consumirse 50 mil hectáreas, pidieron ayuda internacional Además, este especialista contaba sobre las posibilidades que tienen los bolivianos y denunciaba que Bolivia ha tenido la flota más numerosas de aviones C-130, la DEA dejó de regalo estos aviones Hércules, que en Colombia fueron adaptados exitosamente para combatir incendios, pero en Bolivia han sido desviados por la Fuerza Aérea para realizar operaciones comerciales con su empresa Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), empresa estatal que se dedica al comercio internacional, que no es la misión de las FFAA.

De igual forma se mencionaba que Morales compró aviones McDonnell Douglas DC-10, que pueden transportar de 60 a 70 toneladas de carga y viajar a Europa sin reabastecimiento, avión utilizado y adaptado con éxito en California para contingentes y catástrofes, pero que en Bolivia eran destinados para ser cargueros, concluía que utilizando los bienes del Estado nos hubiéramos ahorrado mucho y estuviéramos preparados para cualquier calamidad, es una responsabilidad del Gobierno y sus Fuerzas Armadas.

La empresa Transportes Aéreos Bolivianos, creada por el dictador militar Hugo Banzer, tendría la facultad de: “Efectuar la explotación de servicios de transporte aéreo regular y no regular, interno e internacional de pasajeros de carga y correo, así como toda otra actividad relacionada con la Aeronáutica Comercial”. Tiene rutas entre Lima, Caracas y Miami, no contempla rutas nacionales donde no acceden las líneas privadas, poblaciones como La Paz-Apolo. Aunque la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) no permite que las líneas aéreas militares lleven pasajeros civiles, los militares están haciendo de empresarios con bienes nacionales, debemos limitar estas actividades que a la larga imponen monopolios y dañan fuentes de empleo privado. No podemos aceptar que los militares se hagan cargo de actividades y operaciones de empresas del sector privado, menos que estas operaciones crezcan en otras áreas, Montaño, en declaraciones para El Diario de 26 de agosto del presente año, lamentó “que los militares solo estén preocupados por sus intereses económicos y no por las necesidades del país”.

Todos estos hechos nos llaman la atención. Revisando las atribuciones de las Fuerzas Armadas en la Constitución, su misión es “defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país” (Art. 244), no se menciona sobre operar comercialmente, competir como empresa privada en el mercado, ofrecer servicio de transporte de carga, correo o pasajeros, ni menos se establecen monopolios en los diferentes servicios estatales; ahora, si algún detractor cree que “participar en el desarrollo integral del país” es operar empresas lucrativas dejando de lado la seguridad de poblaciones por incendios, está muy equivocado.

El constitucionalista Pablo Dermizaky, en su libro Derecho Administrativo comenta sobre los servicios prestados por el Estado: “La desventaja de este sistema radica en la ineficiencia de la burocracia administrativa que muchas veces dilapida los recursos tornando los servicios deficientes y costosos”, imaginemos que así es el servicio estatal, sumemos a eso, el peligro de que las empresas públicas sean dirigidas por militares, esto sencillamente es un autoritarismo solapado.

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