Roberto Ortiz Ortiz*

Según el último informe del Banco Mundial “Doing Business”, Bolivia se encuentra en el puesto 186 de 190 países en la categoría “Pago de impuestos” y en la posición 156 -por debajo de Zimbabue, Nigeria y Burkina Faso- en la categoría de “Facilidad para hacer negocios”, un indicador que muestra lo que sufren aquí los valientes emprendedores para transformar sus ideas en oportunidades concretas y sobre todo formales.

Aquí donde abrir una empresa demora un promedio de 44 días y tiene un costo del 46% del PIB per cápita, donde el total de los impuestos y contribuciones para una empresa alcanza un 83.7%, donde las cargas laborales para un empleado de 5 años de antigüedad superan el 40% del salario básico, sin tomar en cuenta quinquenio, primas, subsidios y el famoso doble aguinaldo, donde tratar de exportar viene restringido de permisos y cuotas, donde existe un pequeñísimo mercado con altísimos grados de pobreza y contrabando, donde la justicia es un costoso juego de azar y por último donde sumadas la burocracia y corrupción terminan por asfixiar hasta el más ínfimo intento de productividad del emprendedor.

Según FUNDEMPRESA, se abrieron alrededor de doce mil nuevas empresas entre mayo 2018 y 2019, no obstante, en el mismo periodo se cerraron más de seis mil empresas; siendo esta una relación que se repite hace varios años y nos lleva a la hipótesis de que la mitad de los bolivianos que inicia un emprendimiento formal, fracasa. No obstante, yo me pregunto ¿cuántas empresas quedaron solo en ideas y frustradas por el drama que implica abrirlas y hasta cerrarlas? ¿cuantas buenas ideas no tuvieron el capital para empezar o cuantas funcionaban en la informalidad y formalizarse las termino de aniquilar?

Si bien parece que hemos tocado fondo en el tema regulatorio, de vez en cuando aparecen leyes interesantes. Ejemplo es la ley que se aprobó en Warnes que invita a la industria a invertir a cambio de 10 años de exención de impuestos municipales. Empero, vale la pena recordar que se tomó una medida similar también en El Alto el año 2004 como una ley que exime a la industria del IUE durante 10 años.

Quince años después no veo a El Alto convertida en la capital industrial del país y me atrevo a asegurar que la industria de esta región ni siquiera se favorece de esta ley por lo burocrática que es su implementación; lo que me lleva a dudar que Warnes consiga con esta iniciativa lo que se busca en realidad, fortalecer la industria y bajar costos que se vean traducidos en precios más bajos para el consumidor.

Es urgente corregir los problemas de raíz, de otra forma los cambios aislados quedan solo en leyes traducidas en aplausos para el político de turno. No es posible quitar impuestos si el trámite se torna infinito e impagable, no es posible reducir cargas sociales si no existe libertad para despedir y contratar de forma privada entre partes, no es posible pedir formalidad si en vez de incentivar a los formales se los castiga con regulación y multas. Estamos en plena cuarta revolución industrial, en el mundo de las startups, del 5G y de los emprendedores que trabajan desde la comodidad de sus casas.

Subamos al tren del siglo XXI y exijamos apuntar hacia lo no tradicional, a potenciar la microeconomía del individuo que pide a gritos contar con reglas de juego claras y actualizadas, esa que necesita cubrir los limbos legales respecto al e-commerce para apuntar al comercio mundial, esa que precisa urgente simplificar la burocracia con el uso de tecnología, en fin, a esa que necesita de menos impuestos y más libertad para que los sueños se hagan realidad.

*Es Ingeniero Comercial con mención en comercio internacional de la UPSA. Tiene estudios en Alemania y Estados Unidos además de experiencia laboral en el sector financiero y de las telecomunicaciones. Es asociado de Juventud Empresa y miembro de la Cámara Americana Junior.

Artículo publicado en Forbes Bolivia

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