Emilio Martínez Cardona

En Brasil, el escándalo del Lava Jato ha llevado a prisión tanto al petista Lula da Silva como a uno de los impulsores del impeachment a Dilma Rousseff, Eduardo Cunha. En Perú, ex presidentes de todos los colores políticos acabaron enjuiciados en el caso: desde Ollanta Humala hasta Alejandro Toledo, pasando por PPK y el fallecido Alan García.

Son ejemplos de cómo debe actuar una justicia independiente, sin parcialidades. Pero también se trata de un ejemplo a seguir para la prensa y la ciudadanía en general.

Nos hemos acostumbrado en los últimos años a las investigaciones hemipléjicas, como las que realizaba el desaparecido Ministerio de Transparencia, que solía llevar dos tercios de sus casos contra alcaldes y gobernadores de oposición, y un tercio contra autoridades oficialistas de segundo rango, para aparentar equilibrio.

En esa cultura de la hemiplejia, que se ha extendido a buena parte del sistema político y social, algunas denuncias de corrupción son denostadas como “ataques del imperialismo” y otras, por documentadas que estén, se descartan con el fácil expediente de la “guerra sucia” o las “fake news”.

La lucha por la transparencia debe acabar con las opacidades donde quiera que se encuentren y no dejarse manipular por argumentos extorsivos, del tipo “O nosotros o el caos”, “O nosotros o la dictadura”. Falsas disyuntivas con las que se pretende amordazar el debate democrático y bloquear la indagación de irregularidades, e incluso de comportamientos antiéticos que no necesariamente han sido ilegales, pero que de todas maneras merecen explicación pública.

En gran medida, esta hemiplejia tiene su origen en la desinstitucionalización de la justicia, que se profundizó a extremos vergonzantes durante el actual régimen populista, pero que de hecho comenzó con el nombramiento a dedo desde la presidencia de la república de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de la Judicatura, así como de los fiscales de distrito, en el año 2004.

Si de verdad queremos que este ciclo de injusticia termine tendrá que haber un real cambio de actores, no la perpetuación ni tampoco un simple enroque de aliados.

No basta tampoco la voluntad declarativa de acabar con la corrupción: hay que plantear un paquete de reformas completas y creíbles, que tienen que comenzar por restringir al mínimo posible las adjudicaciones directas en los contratos de obra pública, hasta llegar a la desregulación en múltiples ámbitos de la actividad empresarial.

No cabe esperar tal cosa de quienes evidencian su intención de darle continuidad al asfixiante modelo estatista, sea con el MAS o con demagógicos ropajes antipolíticos y “ciudadanos”. En el primero de los casos, las estructuras burocráticas seguirán creciendo para satisfacer la voracidad de una clientela sindical, mientras que en el segundo se lo hará al gusto de una izquierda oenegeísta y pequeño-burguesa, desplazada del oficialismo en tiempos recientes y en busca de reciclaje.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here