Arturo Yáñez Cortes

Uno de mis columnistas favoritos, Carlos Alberto Montaner dice que la integridad es: “La coherencia entre lo que se cree, lo que se dice y lo que se hace”. ¿Será que la administración de justicia penal plurinacional, fundamentalmente la Fiscalía General procedió de tal manera? ¿Lo hará el Tribunal Supremo? ¿El Min. Gobierno?.

Formulo esas preguntitas a la vista que sus altos cargos, han declarado tratándose de su cercano Montenegro requerido por extradición por Brasil por narcotráfico, que no habrá encubrimiento, que será extraditado pase lo que pase y hasta algún desorbitado Ministro llegó a asegurar que sus jueces le darán la pena máxima -siendo traicionado por su subconsciente del control que tiene sobre los otros órganos independientes (entre comillas)-.

Pero como la realidad es muchísimo más dura que esas “buenas” intenciones, ocurre que a la vista de los hechos resulta muy poco creíble que el estado administrado por el régimen dada su evidente penetración del narcotráfico (narcopolicías; narcomaSistrados, etc) pueda impartir justicia en ese caso, sino estamos de nuevo ante una tramoya de muy baja calidad que pretende vendernos una historia muy diferente de la realidad. Veamos:

Partamos del hecho que el acusado de narcotráfico ya fue requerido para extradición el 2015, siendo de conocimiento del sistema de justicia. Posteriormente, mediando por si fuera poco un Auto Supremo trucho nada más ni nada menos labrado en el máximo Tribunal de Justicia ordinaria (algunos fusibles están siendo quemados por ello) y a partir del escándalo por su condecoración por sus supuestos perseguidores, su esponsoreo de MASistrados, Policías, etc y su “entrega voluntaria” (mayo 2019) resulta que requerido para juzgamiento por narcotráfico mediante un procedimiento de extradición ante el Supremo Tribunal, nadie razonablemente serio puede creer la soberana metida de pata ¿casualidad, pura chambonería o claro encubrimiento? de la Fiscalía General para abrir días después de su entrega, TRES procesos penales en su contra: 1) por falsedad y uso de instrumento falsificado; siendo por ello recientemente sentenciado en procedimiento abreviado; 2) por legitimación de ganancias ilícitas; y 3) por narcotráfico, en instancias bolivianas, cuando, supongo, saben que por orden del art. 153.1 del CPP, se diferirá la ejecución de la extradición, cuando: “La persona requerida esté sometida a la jurisdicción penal de la República por un delito distinto de aquél por el que se hubiese solicitado la extradición, hasta la conclusión del procedimiento o ejecución de la impuesta” salvo pena carente de importancia.

De esa manera, la FGE embarra de manera ingenua o dolosa el procedimiento de extradición en curso, entregando en charola el soporte fáctico para que continuando con la tramoya, el TSJ en unos días haga aparecer una sentencia concediendo la extradición pero, postergando su ejecución en virtud… al proceder de la FGE, hasta que el extraditable cumpla su sentencia de 6 años u otras que emergerían de las otras dos acusaciones fiscales.

Es decir, el FGE con una mano requiere la extradición y con la otra, la perjudica: ¿En eso consistirá la política criminal del estado plurinacional? ¿O será que a través de sus satélites el régimen está tratando de enfriar el escándalo y minimizar sus daños? ¿Le será más útil tenerlo bien cuidadito en una cárcel boliviana, que lejos de su control en Brasil y encima con Bolsonaro y Cía? ¿Podría ahí lejos prenderse otra vez el ventilador, sin que el régimen pueda apagarlo? ¿Nos dirán ahora que la flamante pena carece de importancia y ante su destape, le enviarán al Brasil? Aún falta algún capítulo de la tramoya, pero como dice mi amiga Olga FLORES BEDREGAL: “El problema no es la falencia de las leyes, sino que los jueces hacen escarnio de las mismas”.

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