Emilio Martínez Cardona

El 30 de octubre de 2018 representó un hito negativo, un salto cualitativo hacia la desinstitucionalización en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). ¿Qué sucedió en esa fecha? La asunción como nueva presidenta en la instancia máxima del Órgano Electoral de María Eugenia Choque, en sustitución de la renunciante Katia Uriona, quien dejó el cargo luego de sufrir evidentes presiones desde el oficialismo.

A partir de entonces, se precipitó un proceso desarticulador o “masacre blanca” entre los profesionales que operaban áreas estratégicas del TSE, una larga lista de diecisiete especialistas que a lo largo de los meses siguientes irían abandonando el Tribunal por destitución o renuncia forzada.

Entre noviembre y diciembre de 2018 rodaron las cabezas de Jorge Fuentes, Director Nacional Jurídico; Lizet Sempértegui, Secretaria de Cámara; Guillermo Hugo Holters, Director Nacional de Administración; Karina Herrera, Directora Nacional de Fortalecimiento Democrático; y Sagrario Urgel, Directora Nacional de Comunicación.

En enero de 2019 fue el turno de Rafael Veizaga, Jefe de Recursos Humanos; Miriam Obleas, Secretaria de Cámara; Ilsen Arrieta, Jefa de la Unidad de Transparencia; Lucía Vargas, Jefa de la Unidad de Género; Oscar Flores, Jefe de Seguridad Tecnológica; Jenny Padilla, Directora Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación; y Franz Álvarez, Jefe de Infraestructura y Comunicación.

En marzo les siguieron Roxana Ybarnegaray, Directora del Sereci; y Consuelo Grigoriú, Directora Nacional de Procesos Electorales. En abril dejó su cargo Trinidad del Carpio, Jefa de la Unidad de Auditoría Interna, denunciando “acoso laboral, hostigamiento y presiones” de María Eugenia Choque.

Finalmente, en mayo se fueron otros dos funcionarios de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación, Cristian Espinoza y Micaela Mañueco.

¿Cuáles son los antecedentes de la presidenta del TSE? En noviembre de 2017, como vocal advirtió con sancionar a las personas que llamaban al voto nulo en las elecciones judiciales: “Quien haga campaña en contra o a favor de algún candidato es sancionado por ley”.

Antes de eso, se había desempeñado como Viceministra de Asuntos Campesinos durante el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), apadrinada por el entonces ministro Ricardo Calla Ortega, a quien suplió como interina en un par de ocasiones.

Este pasado ocasionó que, al momento de ser posesionada como presidenta del Tribunal Supremo Electoral, el diputado opositor Wilson Santamaría expresara su extrañeza señalando: “Ya estoy creyendo que hay pacto MAS/Mesa bien raro. No es delito haber sido autoridad pero algo raro está pasando”.

Ahora, comienzan a conocerse gruesas irregularidades en el proceso de empadronamiento, que ponen en cuestión la transparencia de los comicios de octubre. El movimiento cívico nacional, el Conade y los candidatos de oposición han pedido una reestructura profunda del TSE, como condición para reconocerle alguna credibilidad a las próximas elecciones nacionales. La salida de Choque de la presidencia del Órgano Electoral debería ser el primer paso.

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