Rubén M. Perina/Jaime Aparicio Otero

El virus de la re-elección indefinida amenaza las democracias de América Latina. Curiosamente, el virus comenzó a propagarse desde una de las democracias más saludables del continente, Costa Rica.

No llamó la atención cuando en 2003 el expresidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, apeló ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de su país la prohibición constitucional contra la reelección, porque ello supuestamente violaba sus derechos humanos.

Los jueces primero rechazaron el recurso, luego inexplicablemente, resolvieron permitir su candidatura. Arias sentó así un funesto precedente para otros gobernantes con intenciones de perpetuarse en el poder a través de manipulaciones judiciales y violaciones al estado de derecho.

Daniel Ortega en Nicaragua utilizó el mismo argumento e hizo modificar la Constitución en 2009 para permitir su re-elección indefinida. Lo perpetró con la anuencia de jueces aliados en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y luego en 2014, vía la Asamblea Nacional, controlada también por el Sandinismo.

La tercera víctima fue Venezuela. Hugo Chávez, con el pretexto de “ampliar los derechos políticos de los venezolanos” propuso a los venezolanos una enmienda constitucional para permitir la reelección inmediata e ilimitada del presidente.

El electorado lo rechazó en el referéndum de diciembre de 2007. No obstante, al año siguiente, la mayoría chavista en la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que incluía la reelección de cargos de elección popular, incluyendo, subrepticiamente, el de presidente. La reforma fue aprobada por referéndum en febrero de 2009.

En Honduras, en 2015, el expresidente Rafael Callejas y 16 diputados de Congreso Nacional alegaron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema la inaplicabilidad del Art. pétreo 239 de la Constitución y del Art 330 del Código Penal, por violar estos supuestamente sus derechos humanos incluyendo el de libertad de expresión y de ser elegido.

Entre ambas normas se prohíbe la re-elección y se criminaliza la discusión o debate para modificarlo. Por intentarlo, el Congreso destituyó al expresidente Manuel Zelaya en 2009. La Sala falló a favor de la reelección continua o alternada por un sólo término adicional –favoreciendo a los desprestigiados partidos tradicionales, el Liberal y el Nacional, y al presidente en ejercicio, Juan Orlando Hernández que buscaba su reelección (lograda en 2017).

En Bolivia, la ciudadanía aprobó por referéndum en 2009 una nueva Constitución que prevé un mandato de 5 años y sólo una reelección continua. Evo Morales ha ejercido la presidencia por tres períodos consecutivos desde 2006, y en 2016 convocó un referéndum para modificar la Constitución y permitir su reelección indefinida.

Los votantes nuevamente rechazaron la re-elección eterna; pero ello no detuvo su deseo de perpetuarse en el poder, y procedió a alegar ante el Tribunal Constitucional que el artículo constitucional que prohíbe su reelección viola su derecho humano a reelegirse indefinidamente, derecho supuestamente consagrado en el Art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Dicho Tribunal y luego la Corte Electoral, ambos controlados por Evo, y sin tener competencia, aceptaron la cuestionable noción de que reelegirse indefinidamente es un derecho humano protegido por la Convención y lo habilitaron para candidatearse en 2019.
En República Dominicana, aparentemente el presidente Danilo Medina también pretende modificar la Constitución para acceder a una posible reelección.

Y si hay un caso aberrante de perpetuación en el poder por 32 años, vía reelección, lo tenemos en Argentina. El gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, ha sido electo por séptima vez consecutiva con el 70% de los votos. Su poder y la corrupción son absolutos; la provincia es su estancia y la maneja a su placer.

La Corte Inter-Americana de Derechos Humanos ha expresado que los “requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos; [éstos]no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones”. O sea, los Estados pueden regular el derecho de participación política.

Por otro lado, la Comisión de Venecia (Órgano de Consulta Constitucional del Consejo de Europa), a solicitud del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, opinó que “el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a límites…razonables”, agregando que “limitar los mandatos presidenciales en los sistemas presidencialistas apunta a garantizar la democracia y no equivale a discriminación”; y ello no significa un límite al derecho de participar, sino a postularse indefinidamente.

Desde una perspectiva de legitimidad democrática, la habilitación debería realizarse por reforma constitucional, efectuada como resultado de la voluntad soberana de la ciudadanía, expresada en referéndum, plebiscito o asamblea constituyente. Los límites constitucionales a la reelección indefinida son una garantía contra la perpetuación en el poder y su correlato: el abuso del poder y la tiranía.

El propósito de toda Constitución republicana y democrática es limitar el poder y prevenir la tiranía, con sus pesos y contrapesos como la alternancia, la separación de poderes, la libertad de expresión y otros. Los Estados miembros de la OEA, comprometidos todos en la Carta Democrática Inter-americana de 2001 a defender la democracia, deben condenar esta perniciosa práctica reeleccionista para prevenir que ella siga erosionando las democracias de las Américas.

Rubén Perina y Jaime Aparicio Otero son profesor de la George Washington Universitiy y ex embajador de Bolivia en los Estados Unidos, respectivamente.

Clarín – Buenos Aires

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