El avance de las investigaciones en el “caso televisores” indica que los implicados al interior de Cotas serían apenas 6 empleados, sobre un total de 1.000 funcionarios. A eso habría que sumar un sospechoso que trabajaba para la empresa Media Market.

Esto muestra que, una vez más, pagan justos por pecadores, con un 99,4% de funcionarios inocentes que deben enfrentar una estigmatización a raíz de las maniobras de un pequeño grupo.

En ese 99,4% también hay que contar a los denunciantes del desfalco, quienes han sido judicializados al igual que los culpables.

Esta arbitrariedad de los representantes del Ministerio Público está empezando a movilizar a la sociedad cruceña, que ayer lunes ya se manifestó en solidaridad con el joven profesional Eduardo Lea Plaza.

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