Luis Christian Rivas Salazar

El abogado Franz Edgar Rivero Valda ha realizado un análisis de la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 101800000036, cuyo objetivo es reglamentar el procedimiento, forma, plazos y medios de envió de información de la actividad de la construcción de bienes inmuebles, resolución que está vulnerando la CPE.

Según Rivero: “Vulnera el principio de legalidad, según el cual el SIN debe actuar con arreglo a la Ley; a la jerarquía normativa prevista en el artículo 410 de la CPE; dicha resolución no puede estar por encima de la ley, mucho menos sobre la Constitución; y, finalmente, porque el presidente a.i. del SIN no solo usurpa funciones de su directorio sino de la Asamblea legislativa, al constituirse en colegislador, estableciendo sanciones por ilícitos tributarios en contra de lo dispuesto por la Ley 2492, que en su artículo 6 dispone que solo ésta puede tipificar ilícitos tributarios y establecer sus respectivas sanciones”.

Tal como lo observa el letrado, dicha disposición que pretender “reglamentar” una actividad, excede la potestad por la cual ese funcionario interino fue puesto en ese cargo, por lo mismo, los ciudadanos debemos denunciar ese exceso de poder, amparados en el principio constitucional que nos dice que en el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban.

Serán las pequeñas y medianas empresas quienes se vean afectadas con esta normativa y por consecuencia los precios para la construcción subirán en detrimento de los más pobres, ya es difícil construir, imaginémonos con estas ilegales normativas, el infierno tributario condenará a quienes no puedan asumir los costos por las perversas disposiciones tributarias en un país de economía informal, donde albañiles y areneros no pasan facturas, porque ser formal es extremadamente costoso.

Paralelamente, para echar más gasolina al infierno tributario, se emite la RND Nº 101800000026 que intenta poner en vigencia un nuevo Sistema de Facturación Electrónica para todos los contribuyentes del sector formal que emiten facturas por sus ventas, tenía que ser implementada a partir del 1 de marzo de 2019 pero por motivos electorales fue trasladada para noviembre, para después de las elecciones generales, por la ola de críticas que ya se han pronunciado y por la improvisación a la que se está sometiendo a los contribuyentes, este perverso sistema cree que todos los contribuyentes tienen acceso al internet, que todos los contribuyentes pueden manejar códigos digitales diarios, un sistema de primer mundo en un país de características premodernas, un sistema tecnológico y tributario de primer mundo en un país con servicios, hospitales y educación de características subsaharianas.

Según el abogado Henry Pérez Oxa: “El criterio del fiscalizador es el único problema, irresponsabilidad por sobre todas las cosas, ni siquiera el nuevo Sistema de Facturación Electrónica, solucionará este grave perjuicio e injusticia cometida en contra del contribuyente”.

Sin duda, el objetivo del gobierno socialista es desplumar a los contribuyentes de una manera casi confiscatoria, con la facturación electrónica los datos en recaudaciones e ingresos serán más precisos y las empresas tendrán que declarar la realidad, al final de cada gestión se pagará un Impuesto a las Utilidades de las Empresas muy alto, lo que provocará la elevación de los precios, afectando a los consumidores, principalmente a los más pobres. Esta será la consecuencia lógica de pagar nada más y nada menos que 25 % de impuestos sobre las utilidades, ni los propios socios reciben tan suculento porcentaje, sin duda, el Estado es dueño de las empresas, esto acarrea el desmantelamiento del aparato productivo en este país pobre.

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