Humberto Vacaflor

Un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de los Estupefacientes (JIFE) criticó en Viena la decisión del gobierno de Bolivia de duplicar el área autorizada para el cultivo de coca. Pero el presidente Evo Morales llegó a esa ciudad y mostró que no había leído ese documento. Se dedicó a repetir frases sobre cómo en Bolivia se combate al narcotráfico dejando que los cocaleros renuncien al cultivo de manera voluntaria.

La verdad, como dice JIFE, es que el área autorizada para el cultivo de coca pasó, de un día para otro, de 12.000 a 22.000 hectáreas en 2017, lo que fue, en realidad, la legalización de cultivos existentes, incluidos los propios del presidente Morales, en Chapare.

Los datos que tiene la CAO en Santa Cruz (que reproduce con eficiencia el IBCE) es que, en los últimos 13 años, no ha crecido el área de cultivo en el departamento. Es cierto, dicen algunos de sus voceros, los ingresos por la exportación de la producción crecieron en el periodo del súper-ciclo, y hasta se duplicaron, pero el área de cultivo no creció.

Las cifras de los precios dieron la impresión equivocada de que el agro cruceño había crecido, pero la verdad es que solo creció el valor de las exportaciones. Igual que ocurrió con la producción minera y la petrolera, que crecieron en ingresos, pero no en producción. El PIB reflejó ese fenómeno, porque creció en la misma proporción en que subieron los precios, pero la producción, lo que se llama producción, se había mantenido intacta, sin crecer.

El sector agropecuario no creció a pesar de los altos precios porque los empresarios estaban prohibidos de aumentar los cultivos por un sistema consistente en vetos y en amenazas.Nadie podía tener más de 5.000 hectáreas y aquellos que las tenían estaban sometidos a un sistema de control, en lo que se tradujo la Función Económica y Social de la tierra, que pronto se convirtió en un mecanismo de extorsión. Esto favoreció al surgimiento de las especulaciones urbanísticas. Una tierra urbana no estaba amenazada.

Mientras tanto, los cocaleros tenían a su disposición parques nacionales y un sistema de control tan laxo como el que se observó en el rápido rastrillaje realizado en San Rafael, Chapare, después de la emboscada a la patrulla de Umopar, donde se encontraron 17 fábricas de pasta base y una de clorhidrato. Los cocales legales se duplicaron en el país, pero ninguna actividad económica legal creció desde 2005. Los cocaleros son los privilegiados.

El Deber

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